jueves, 29 de septiembre de 2016

Ayotzinapa, la agonía que no cesa


Por Adela Cedillo

            Para Raúl Álvarez Garín,
In memoriam.
Murió el 26 de septiembre de 2014,
sin enterarse de una masacre que, de
cualquier modo, lo hubiera matado.
Las memorias
El pasado 26 de septiembre se cumplieron dos años de la masacre de Iguala y de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero a manos de una coalición de fuerzas gubernamentales y del crimen organizado.[1] Quienes nacimos y crecimos en la Ciudad de México nos acostumbramos a los aniversarios colectivos que, año con año, desencadenan una cascada de anécdotas por parte de quienes vivieron los acontecimientos rememorados. Pareciera que, en cada caso, la gente responde a un entrevistador imaginario que interroga: ¿Qué hiciste cuando cayó la gran nevada en la Ciudad de México de 1967? ¿Qué estabas haciendo cuándo fue la masacre del ’68 en Tlatelolco? ¿Y el halconazo del ‘71? ¿Dónde te tocó el temblor de 1985? ¿Cómo reaccionaste cuando supiste que el EZLN se había levantado en armas en Chiapas en 1994? ¿Cómo te enteraste de la muerte de Colosio? ¿Fuiste de los que votó por Fox en el 2000? En el resto del país, otros terremotos, masacres, huracanes e incendios suscitan semejantes remembranzas colectivas espontáneas, aunque en general son pocos los eventos que logran trascender la barrera del olvido.
Sorprendentemente, de los cientos de miles de episodios de terror de la narcoguerra que inició en 2006, sólo el caso de Iguala/Ayotzinapa se ha constituido en un nudo de la memoria a nivel nacional.[2] Los llamados “43” distan de ser el caso más espectacular en términos cuantitativos o cualitativos. Cifras extraoficiales mantienen que más de 150 mil civiles han sido asesinados en el contexto de la guerra contra las drogas,[3] aunque en 2012 Mauricio Fernández Garza –empresario y alcalde del municipio más rico de América Latina, San Pedro Garza García, N.L.– calculó que para ese año ya había 250 mil muertos.[4] La danza de las cifras de desaparecidos es más volátil aún: el número oficial es de 28 mil, mientras que organizaciones no gubernamentales, que incluyen en sus recuentos a migrantes desaparecidos en su tránsito por territorio mexicano, hablan hasta de 300 mil.[5]
En cuanto al nivel de atrocidad de los hechos –suponiendo que hubiera una escala para medir el horror–, la versión oficial sobre la presunta incineración de “los 43” en el basurero de Cocula, Guerrero[6] no dista mucho del caso de los 49 niños que murieron asfixiados y quemados en una guardería en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009; episodio que reveló la profunda corrupción gubernamental en el sistema de guarderías subrogadas del IMSS, y que desató dudas sobre la intencionalidad del incendio inicial y la responsabilidad directa de servidores públicos.[7]
La selectividad en el tratamiento de las víctimas también ha provocado reacciones airadas por parte de la comunidad feminista, que considera injusto que “los 43” hayan recibido tanta atención en medios mientras que los casos de las más de 40 mil mujeres torturadas, asesinadas y desaparecidas desde 1993 a la fecha sean de escaso interés público. Sin duda, es inadmisible que las decenas de miles de familiares de las víctimas no cuenten con ningún apoyo oficial ni social, ni siquiera el reconocimiento a su dolor, que es el mismo que el de los familiares de los estudiantes desaparecidos.[8]  
La pregunta sigue en el aire. ¿Por qué, entre tantas tragedias y golpes, el de Ayotzinapa dolió más o a más gente? En las redes sociales, este 26 de septiembre se “respondió” a la pregunta fantasma: ¿qué significó Ayotzinapa para ti? Cada vez son menos los que temen hablar desde la subjetividad. Los testimonios virtuales -algunos telegráficos y otros verdaderas filigranas memorísticas- compartían los sentimientos de pasmo, shock, rabia, dolor, indignación, sentido de pérdida del rumbo del país y hasta vergüenza de compartir la nacionalidad de los asesinos y los gobernantes , a estas alturas mimetizados unos con otros. “Ese día yo estaba en… me enteré de la noticia… no lo podía creer… me sacudió la conciencia… sentí mucha rabia… fue el mal gobierno… vivos se los llevaron, vivos…”
Las diferentes explicaciones sobre la relevancia nacional del caso Iguala/Ayotzinapa apuntan a que fue resultado del hartazgo ciudadano tras ocho años ininterrumpidos de violencia, un hecho que tuvo la fuerza para romper las pesadas capas de negación y evasión que caracterizaron a la sociedad mexicana durante todo ese tiempo, con excepción del breve hiato abierto por el Movimiento por la paz con justicia y dignidad en 2012. Al caso Iguala/Ayotzinapa se le llamó “el último clavo en el ataúd”, “el símbolo de la inocencia asesinada”, “el Tlatelolco del siglo XXI”, la expresión última del control del crimen organizado sobre México. Como ocurre con toda interpretación, hay algo de cierto y algo que se queda corto en cada una. Sí, Iguala/Ayotzinapa superó los estándares de lo que estábamos dispuestos a soportar y rompió los espejismos en los que nos evadimos para no aceptar la realidad mexicana, pero demostró que el ataúd precisa de muchos clavos para cerrarse. Sí, fue un símbolo de la inocencia asesinada, pues el promedio de edad de las víctimas era de 20 años, pero no es un caso más grotesco que el de los miles de menores de edad abducidos cada año en México, obligados a trabajar como esclavos sexuales para las redes de trata de personas.[9] Sí, fue el Tlatelolco del nuevo milenio y puso de manifiesto que, precisamente por insertarse en ese imaginario preconstruido, la sociedad tuvo más elementos para procesar los hechos y reaccionar en la esfera pública. Sin embargo, también evidenció que tener una elevada conciencia sobre el pasado no es garantía de que seremos capaces de prevenir la repetición de acontecimientos similares. La sociedad mexicana no fue capaz de hacer justicia por Tlatelolco. Tampoco parece capaz de serlo para Iguala/Ayotzinapa.
Como historiadora, me doy cuenta de que mi gremio ha tenido una gran responsabilidad en la manera en que la sociedad selecciona lo que es relevante del pasado. Por décadas, los historiadores promovieron la visión de que la matanza de  Tlatelolco del ’68 había sido el acontecimiento más importante de la guerra fría mexicana, origen mítico del régimen democrático actual. La guerra sucia y la guerra contra las drogas, que también iniciaron en ese periodo, fueron notablemente ignoradas. Pasaron años para que historiadores como Elizabeth Henson se metieran a estudiar a fondo esos temas para llegar a la conclusión de que: “La desolación actual es el reflejo de las batallas perdidas cincuenta años atrás.”[10] Estas batallas fueron las de la sociedad civil, a favor de las libertades democráticas, pero también las de los grupos revolucionarios que intentaron derrocar el gobierno autoritario del PRI e instaurar una sociedad socialista, justa e igualitaria. Y no sólo eso: para ser ecuánimes, tendríamos que tomar en cuenta a los campesinos gomeros y marihuaneros que lucharon por defender la única fuente de sustento de la que disponían en regiones que se encontraban entre las más pobres del país (la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur). Si el Estado en vez de exterminarlos una y otra vez desde la década de 1940 los hubiera legalizado y certificado, el día de hoy no estaríamos recogiendo la historia mexicana contemporánea en fragmentos de huesos incinerados en fosas clandestinas.
Encuentro positivo que la sociedad mexicana tenga al menos un nudo de la memoria sobre esta narcoguerra sin fin. Sin embargo, para historiadores, educadores, periodistas y otros formadores de opinión pública, es un reto de gran complejidad hacer notar que “los 43” sólo son la expresión más visible del dolor nacional. Si bien es cierto que las actuales instituciones mexicanas han demostrado estar tan corrompidas que son el instrumento menos idóneo para investigar y sancionar los casos de más de 150 mil asesinados y 30 mil (o ¡300 mil!) desaparecidos, el problema ha alcanzado una sistematicidad que sólo puede ser combatida en los mismos términos, a través de una lucha contra un sistema que Sayak Valencia denominó como “capitalismo gore”, y que sin duda es algo mucho peor que eso.[11] No sé si haya imaginación política que alcance para proyectar la lucha contra este mal radical, pero no por ello debemos dejar de intentarlo.

Humanidad y responsabilidad moral
El caso de Iguala/Ayotzinapa fue, sin duda, un crimen de lesa humanidad. De hecho, esta categoría de delitos debería servir como un test para probar la humanidad misma del individuo. ¿Te lastima saber que en un país se puede usar toda la fuerza del Estado para matar y desaparecer con métodos bestiales a medio centenar de estudiantes, no por nada que ellos hayan hecho, sino para proteger los intereses de los cárteles del crimen organizado y las mineras trasnacionales?[12] Luego entonces, perteneces al género humano.
Sin embargo, en el México actual son tantos los crímenes de lesa humanidad que pasan inadvertidos o que no generan ninguna empatía que semejante test perdería toda eficacia. Porque si algo ha entrado objetivamente en la más profunda de las crisis en estos diez años de narcoguerra –tanto para los mexicanos como para quienes se benefician de las drogas ilícitas que exportan a todo el planeta los cárteles mexicanos– es el sentido mismo de lo que significa ser humano. La humanidad de los que cortan cabezas por US$400 al mes; de los que tienen en sus manos la justicia y la sofocan; de los testigos silentes; de los que minimizan la narcoguerra; de los que sólo quieren nombrarla de vez en cuando y en un contexto seguro; de los que se conforman con acciones simbólicas para tranquilizar su conciencia; de los que pueden consumir drogas sin detenerse a pensar por un segundo cuántos muertos integran la cadena por la que pasó su línea de cocaína, su inyección de heroína o su porro de marihuana, está en entredicho. ¿Somos aspirantes a humanos? ¿Remedos de humanos? ¿La única versión posible del humano en estos tiempos especialmente canallas? ¿Humanoides? ¿Cuál sería la conducta apropiadamente humana? Esta es otra pregunta de respuesta abierta, que amerita ser detenidamente analizada y trascender la banalidad y la fugacidad del mundo cibernético virtual.
Adolezco de una respuesta que pueda compartir. Desde hace trece años comencé a estudiar temas relacionados con conflictos de baja intensidad y derechos humanos. He conocido a decenas de víctimas directas o indirectas de crímenes de lesa humanidad: individuos que fueron sujetos a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; familiares de detenidos-desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente y sobrevivientes de genocidio. De todos los crímenes, me pareció que el de la desaparición forzada era el que generaba la afectación psicosocial más profunda y duradera. Mi shock mayor fue el haber conocido a los familiares de los desaparecidos políticos de la guerra sucia mexicana. En el 2004 había madres que llevaban un promedio de treinta años esperando saber algo sobre sus hijos desaparecidos. Una madre me relató cómo salía todos los días a los parques a observar a la gente; se sentaba en una banca con la esperanza de ver pasar a su hija. Su ritual era semejante al de otras madres que revisaban obsesivamente el correo con la angustia viva de quien aguarda recibir noticias frescas, o aquellas que tapizaban sus casas con fotos de sus desaparecidos para no olvidarlos ni por un instante. Hubo una madre que, cuando escuchó el rumor de que los desaparecidos eran tirados al mar desde aviones del ejército, se lanzó a mar abierto en la Costa Grande de Guerrero a buscar el cadáver de su hijo y estuvo a punto de ser devorada por esas mismas olas inclementes.
La desaparición forzada es una agonía que se prolonga indefinidamente. Zombifica a las víctimas, las carcome lenta e inexorablemente, les quita el impulso vital, pero no las deja morir en paz. La desaparición forzada es el último reducto de la guerra del Estado contra la sociedad: es un arma de combate que no se puede sacar de la cabeza una vez que se aloja ahí. Pese a mi profunda empatía con las madres de los desaparecidos, no puedo imaginar lo que es vivir con esa guerra dentro de lo más profundo del ser durante la mayor parte de la vida. Lo único que se me ocurrió es que yo tenía que sumarme a la búsqueda de esos desaparecidos, la cual se complicó terriblemente cuando empezaron a desaparecer decenas de civiles sin ninguna actividad política, a partir del 2006. Comenzó entonces la era del silencio, de gente que ya temía hablar tanto del pasado como del presente. Pese a todo, los seguimos buscando. No nos sentiríamos humanas y humanos si los dejáramos así, desaparecidos. Mejor cambiarles el estatus a: buscados incesantemente.
La mayoría de las madres que conocí se murieron sin saber dónde estaban sus hijos. Sus partidas me partieron a mí también. Ahora ya no sólo se trata de los 1500  desaparecidos presuntamente tirados al mar durante la década de los 70. Se trata de una cifra tan aberrante y abyecta que me cuesta trabajo pronunciarla, sean 30 mil o 300 mil. Con frecuencia me pregunto: ¿cómo vamos a encontrar a los desaparecidos de esta guerra tan amorfa, sin frentes de combate, sin bandos claramente definidos, donde criminales y autoridades intercambian papeles todo el tiempo y donde el asesino de hoy puede ser el presidente de mañana?
La violencia terrorífica ha paralizado a grandes sectores de la sociedad mexicana, sumiéndolos en el miedo, la desesperanza y la resignación. ¿Pero qué pasa con los consumidores de drogas alrededor del mundo, especialmente en el llamado primer mundo? ¿Cómo hacerles entender que sus manos también escurren sangre, que no tiene por qué preocuparles ese país lejano y exótico poblado por gente ajena a su cultura, pero donde, carajo, gente inocente es asesinada brutalmente a cada minuto para que ellos pueden mantener sus adicciones? ¿Cómo promover una discusión global, seria y responsable, sobre la legalización de las drogas y sobre la desmilitarización de la guerra contra las drogas?
            Algo se puede hacer, siempre se puede hacer algo. No podemos saberlo si ni siquiera lo discutimos colectivamente, si ni siquiera dejamos de evadirnos en este mundo absurdo y ficticio de las redes sociales. Sin duda, salir de la matrix y estar dispuestos a habitar el desierto de lo real siempre es el nada modesto primer paso. Eso, si ya no queremos que casos como el de Iguala/Ayotzinapa sean una agonía que no cesa para tantos millares de personas inocentes.


[1] Sobre la colusión entre los diferentes niveles de gobierno y el crimen organizado, los informes realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no dejan lugar a dudas: http://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa/informe-
[2] Steve J. Stern define los nudos de la memoria como eventos que interrumpen el flujo normal de los reflejos y hábitos e introducen cuestiones inminentes de memoria y olvido en el ámbito público. “Stern, Remembering Pinochet’s Chile. On the Eve of London 1998 (Durham: Duke University Press, 2004), p. 120.
[4] Aunque era una mera especulación, Fernández basaba su cálculo en los muchos casos que no eran denunciados ni registrados por la prensa ni por las autoridades, así como por la información a la que tenía acceso en su calidad de servidor público, miembro de la elite empresarial y de una de las familias más poderosas del país. http://www.animalpolitico.com/2012/04/edil-de-san-pedro-calcula-en-250-mil-los-muertos-por-guerra-antinarco/
[6] A la fecha, esta versión ha sido severamente cuestionada por peritajes científicos: http://www.sciencemag.org/news/2016/09/experimentos-de-quema-de-cuerpos-siembran-dudas-sobre-la-suerte-de-los-estudiantes
[8] Ariadna Estévez, “A propósito de Nosotras no somos Ayotzinapa: evidencia contra su universalidad”, en http://desposesiondecuerpos.wordpress.com,  fecha de consulta: mayo 28, 2016.
[9] Shaila Rosagel, “México tiene 45 mil niños desaparecidos y su fin es explotación sexual o tráfico de órganos, alerta fundación”, http://www.sinembargo.mx/28-06-2014/1039967
[10] Elizabeth Henson, “Revuelta agraria en la sierra de Chihuahua”, manuscrito.
[11] Sayak Valencia, Capitalismo gore (Barcelona: Melusina, 2010).

sábado, 26 de septiembre de 2015

Tlatelolco, Iguala, Ayotzinapa


He ido a Iguala tres veces en mi vida, una de paso en un viaje turístico hace más años de los que puedo recordar; la otra cuando hacía investigación de campo sobre la guerra sucia en 2005, y la última en 2011, después de asistir al entierro de Isabel Ayala Nava, la viuda de Lucio Cabañas asesinada arteramente junto con su hermana el 3 de julio, al salir de un templo en Xaltianguis, Guerrero. El 4 de julio un amigo me hizo el favor de llevarme en coche de ida y vuelta de la ciudad de México a Guerrero. En el camino de ida habíamos escuchado historias sobre cabezas desolladas al lado de la carretera; narco-retenes donde asaltaban, violaban y torturaban a civiles indefensos; asesinatos indiscriminados de personas que ingresaban a ciertas zonas de Guerrero con placas del estado de Michoacán. Nos habían informado también que las hijas de Isabel habían recibido amenazas de muerte y que la gente temía que un comando llegara al entierro a matar a todos los presentes, como había ocurrido en otras ocasiones. El clima en el panteón era extraordinariamente tenso. Estábamos rodeados por la policía federal, miembros de un batallón del ejército y halcones del cartel que controlaba la plaza. La familia estaba destrozada, no sólo por el dolor de perder a un ser querido sino porque el crimen fue de una saña inaudita. Las mujeres, baleadas y atropelladas se desangraron en la vía pública porque el ministerio público tardó horas en llegar. Guerrero es un narcoestado y todos sabíamos que el narcoestado la mató, pero quién? Bajo qué motivos? Por qué con tanta sevicia? El entierro y el acompañamiento a la familia concluyeron alrededor de las 9:30 pm y regresamos de inmediato a la capital. Mis nervios estaban en ebullición. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida, ni en mis etapas de activista, cuando la policía nos perseguía, nos gaseaba y nos golpeaba, ni cuando hacía trabajo de campo en la selva lacandona y los militares me detenían y me tomaban fotos. Mis entrañas estaban comprimidas, como si estuvieran formando un nudo muy apretado. Tenía tanto miedo que comencé a reír histéricamente, todas mis emociones estaban trastocadas. Hicimos escala en Iguala porque mi amigo tenía que recoger unas cosas en casa de su familia. Eran alrededor de las 12:00 am. Después de estar en una plaza totalmente dominada por los Beltrán Leyva pensaba que Iguala era un lugar seguro pero mi amigo me dijo que nadie salía por las noches porque la ciudad también estaba bajo control del crimen organizado y se había vuelto muy insegura. No lo hubiera imaginado nunca. Iguala, cuna de la independencia. Iguala, la ciudad a donde cualquier iba a comprar oro barato y a visitar sitios históricos… convertida en una plaza más de la narcoguerra. No nos topamos con ningún narco-retén, pero en todo el camino estaba aterrada ante la posibilidad de ver una cabeza o un cuerpo desollado, o de que nos parara una banda de sicarios y nos torturaran, violaran y desmembraran así nada más porque sí. Lo que viví el 3 y el 4 de julio me dejó con stress postraumático. Los primeros días sentía que no podía respirar, me sofocaba, me ahogaba. Durante semanas no pude dormir y cada que sonaba el teléfono pegaba un brinco hasta el techo. Después vinieron las pesadillas, el llanto inconsciente y mi obsesión por hablar de los descabezados. Durante muchos meses no podía hablar de otro tema con cada persona con la que me encontraba. Cuando viajaba fuera de mi ciudad no podía observar el paisaje de la carretera por más de dos minutos por miedo a ver una escena grotesca. Sabía que necesitaba ayuda profesional pero se suponía que yo era la que ayudaba a las víctimas. No hay nadie que ayude a los que ayudan.
            A fines del 2011 me mudé de país y no volví a saber nada de Iguala, excepto noticias esporádicas. El gran golpe vino el 28 de septiembre de 2014 con la noticia de la matanza de Iguala y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. Los normalistas! Mis compitas, con los que había coincidido en tantas marchas y eventos, tan jóvenes unos y casi niños otros, pero muy conscientes y muy radicalizados todos ellos. Los primeros días la información fluía a cuenta gotas y de forma terriblemente confusa. Mi primera impresión fue que algunos estudiantes estaban escondidos y otros habían sido apresados y la policía no quería dar informes. El 4 de octubre la fiscalía del estado empezó a filtrar la versión de que los 43 estudiantes desaparecidos habían sido incinerados en fosas. La presión me bajó súbitamente, me dolió hasta la última capa del corazón. Después vinieron otras tantas versiones, cada una más macabra que la anterior. La versión oficial afirmaba que fueron quemados en un basurero y sus huesos triturados y arrojados a un río. Sospechaba, como todos, que esa no era la verdad, pero algo adentro de mí sí quedó calcinado y triturado. Fui testigo indirecto de la guerra de baja intensidad en Chiapas; me especialicé en el estudio de la guerra fría; investigué la masacre de Tlatelolco, la guerra sucia y sus centenas de ejecuciones y desapariciones forzadas; me tocó de cerca lo de Atenco; fui activista contra la desaparición forzada entre 2004 y 2011. Sí, había dirimido cantidades industriales de terror, pero ningún golpe dolió tanto como Ayotzinapa. Eran unos chavitos, combativos, acelerados, sí, pero unos chavitos inocentes. Quién podía haber cometido una atrocidad de esta magnitud? Cuál era el móvil de la infamia?
Yo me inicié en el activismo estudiantil a los 15 años. Mi primera acción con el contingente al que pertenecía fue participar en la toma de un autobús para ir a la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de Tlatelolco, desde la Preparatoria #8 hasta el centro de la Ciudad de México (exactamente la misma razón por la que los normalistas de Ayotzinapa fueron a Iguala y tomaron camiones). Qué activista estudiantil de escuela pública no tomó un autobús en su vida porque era demasiado pobre para pagar? La diferencia es que en “mis tiempos” las probabilidades de que un camión transportara droga clandestinamente eran demasiado bajas. Si, como sugieren los miembros del GIEI, el operativo contra los estudiantes fue resultado de que tomaron camiones cargados con droga, sin que tuvieran la menor noción al respecto, toda la putrefacción del Estado mexicano y de la iniciativa privada quedaría al descubierto. El ayuntamiento de Iguala y su policía municipal, los cárteles de la droga, la policía federal, el ejército, el gobernador del estado, las empresas Estrella Blanca y Estrella Roja, todos quedarían evidenciados en su colusión con la producción y trasiego de drogas.
La tragedia de Iguala es el rostro de México, de su profunda descomposición, de la ruptura de su estructura moral, de la clase de individuos inescrupulosos y abyectos que monopolizan el poder político, económico y militar. Si en un país a unos chavitos el narcoestado les puede detener, torturar, asesinar, incinerar y desaparecer los restos sin dejar huella por haber tomado unos autobuses, y si gobierno federal se niega a hacer justicia para no revelar que el ejército participa en el narcotráfico, entonces ese país no sirve para nada, para nada. Hay que destruirlo y construir otro. Ya pasó un año, la impunidad persiste, el dolor es más agudo que nunca, las consignas no alcanzan. Pero este dolor que no nos abandona es el que nos impulsa a no rendirnos ante un enemigo que encarna la maldad químicamente pura. Tlatelolco, Iguala, Ayotzinapa, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, y no nos rendimos, carajo, no nos rendimos.

Un país que devora periódicamente a sus jóvenes


Los dioses nos robaron el tesoro
de esas almas de niños que se abrían
a la vida y al bien, cantando en coro...
Allí fue... la mañana era de oro,
Septiembre estaba en flor... ¡y ellos morían!
Amado Nervo
El 13 de septiembre de 1847,  a más de un año de haber comenzado la invasión al territorio mexicano, el ejército estadounidense avanzó sobre la capital de México. Aunque la resistencia era inútil, el gobierno mexicano se negaba a rendirse. Se produjo así la batalla de Chapultepec, en la que seis cadetes del colegio militar entre 14 y 20 años perecieron en combate. El ejército mexicano estaba colapsado, sin dirección y sin rumbo, por eso los cadetes tuvieron que hacer frente al invasor. Dos días más tarde la bandera de las barras y las estrellas ondeaba en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. En febrero de 1848 se firmó el tratado de Guadalupe-Hidalgo, por el que México perdió los territorios que comprenden los actuales estados de California, Nuevo México, Texas, Utah, Nevada y partes de Arizona, Colorado, Kansas, Oklahoma y Wyoming.  
De los más de 20 mil muertos que provocó la invasión, los seis cadetes se convirtieron en el símbolo de la disparidad de fuerzas y recursos, metáfora de un poder gigante que aplastaba a una nación imberbe. La historia oficial los recuerda como los niños héroes, aunque en realidad no fueron lo uno ni lo otro; se trataba de jóvenes sacrificados por un gobierno fantasmagórico que, si bien era incapaz de organizarse para presentar una defensa unificada, estaba dispuesto a pelear hasta las últimas consecuencias por un concepto abstracto de honor nacional. A principios del siglo XX el escritor Amado Nervo les dedicó el poema  “Los niños mártires de Chapultepec”,  cuyo verso más recordado es: “Septiembre estaba en flor... ¡y ellos morían!”.
***
El 23 de septiembre de 1965 trece guerrilleros del Grupo Popular Guerrillero tomaron por asalto el cuartel militar del pueblo de Madera, en las faldas de la Sierra Madre Tarahumara, en el estado de Chihuahua. De los atacantes, cayeron en combate Arturo Gámiz, Pablo Ramírez, Oscar Sandoval, Emilio Gámiz, Miguel Quiñones, Rafael Martínez, Salomón Gaytán y Antonio Scobell, así como siete militares. Los cinco guerrilleros sobrevivientes se reintegraron a actividades clandestinas. Todos ellos tenían eran estudiantes y maestros entre 17 y 25 años de edad, excepto Gómez de 35. Los cadáveres de los guerrilleros fueron profanados y exhibidos públicamente, para después ser enterrados en una fosa común, por órdenes del gobernador Práxedis Giner Durán, quien pronunció la frase célebre: “Querían tierra? Pues denles tierra hasta que se harten!”. Al día siguiente decenas de personas fueron detenidas y un civil fue asesinado. El presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó un despliegue extraordinario de fuerzas terrestres y aéreas para acabar con lo que quedaba del GPG en la sierra. Sin embargo, también decretó el reparto de tierras entre los campesinos de la región, que era una demanda por la que los movimientos sociales habían peleado por años. Se considera que este episodio marcó el nacimiento de la izquierda armada socialista en México, así como el inicio de la guerra sucia, una guerra tan secreta que fue exitosamente ocultada por el gobierno y los medios durante décadas. La memoria del periodo comenzó a ser rescatada y reivindicada a partir del año 2000, tras el fin de setenta años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En estos días los guerrilleros de Madera ya no son vistos como gavilleros y terroristas, como los calificaba la prensa de la época, sino como luchadores sociales que acudieron a un método de lucha que era legítimo en sus circunstancias. En el congreso del estado de Chihuahua se inscribirá con letras de oro: “Mártires de Madera de 1965”. Decenas de libros, artículos, documentales y una película rememoran esta gesta. La conmemoración del 50 aniversario del asalto al cuartel Madera suscitó una cascada de actividades y eventos sin precedentes. En la obra plástica alusiva, hay dos leyendas que se repiten: “ellos sabían por qué” y “Septiembre estaba en flor... ¡y ellos morían!”.
***
El 26 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa concluyeron una actividad en la ciudad de Iguala y tomaron unos autobuses para regresar a su escuela, cuando fueron baleados por la policía. En el transcurso de la noche, tres estudiantes y tres peatones fueron asesinados, 40 personas fueron heridas y 43 estudiantes fueron detenidos-desaparecidos. Al día siguiente el cadáver torturado de uno de los estudiantes, Julio César Mondragón Fontes, fue arrojado a la vía pública, sin rostro y sin ojos. Los estudiantes tenían entre 18 y 25 años de edad. Las versiones iniciales de los hechos provocaron confusión y especulaciones. Todo parece indicar que el ataque fue un esfuerzo concertado entre el alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, las policías municipal y federal, el cártel de Guerreros Unidos, y el 57avo batallón de infantería del ejército mexicano.  El gobierno de Guerrero y el gobierno federal llevaron a cabo investigaciones tendenciosas que apuntaban al objetivo de ocultar la intervención del ejército. La versión oficial es que el cártel de Guerreros Unidos incineró a los estudiantes en el basurero de Cocula, Guerrero y recogió las cenizas para triturarlas y arrojarlas en bolsas de plástico al río San Juan. Los restos recuperados se encontraban en un estado que hacia imposible su identificación genética, y sólo el perfil genético del desaparecido Alexander Venancio pudo ser debidamente verificado. A partir de la búsqueda de los 43, decenas de fosas con cadáveres incinerados o en alto grado de descomposición han sido encontradas en el área, pero ninguna corresponde a los restos de los normalistas. La investigación oficial fue desestimada en fechas recientes por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Ellos sugieren una hipótesis alternativa: que uno de los camiones tomados transportaba estupefacientes o dinero y que esto provocó la movilización de la fuerza pública coludida con los cárteles de la región. En otras palabras, el aparato del narcoestado actuó en su totalidad para defender sus mercancías/ganancias. A la fecha, no tenemos ninguna certeza de lo que ocurrió con los estudiantes desaparecidos, pero en la memoria pública no están vivos ni muertos. El movimiento por la verdad y la justicia se mantiene en pie de lucha. De los más de 150 mil muertos y desaparecidos mexicanos que ha provocado la narcoguerra que inició en el 2006, los 43 desaparecidos y los seis asesinados han sido los únicos que han logrado conmover a la opinión pública nacional e internacional. Una vez más el gobierno mexicano mata a sus jóvenes, a sus estudiantes. “Septiembre estaba en flor... ¡y ellos morían!”.

martes, 23 de diciembre de 2014

Elisa Irina Sáenz Garza, guerrera y mártir

Por Elvia Jiménez de Sáenz*

Elisa Irina fue mártir de la Guerra Sucia Mexicana en el mandato presidencial de Luis Echeverría Álvarez. Personas semejantes a ella se organizaron en la clandestinidad transformando su actividad política abierta y de frente al Estado, en oculta y secreta. Fue una época de formación de guerrillas de jóvenes idealistas, personas muy avanzados en sus concepciones políticas y sociales que respondieron al horror y a los crímenes del Estado y al Ejército en el asesinato de cientos de civiles de todas las edades en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre 1968. Un golpe fuerte a México, fuerte de indignación y desconcierto, pero al mismo tiempo de una gran exaltación y efervescencia de los ideales de vida en la libertad y en la justicia que provocaría transformaciones políticas profundas en el país y que motivaron a muchos jóvenes estudiantes y ciudadanos mexicanos a responderle al Estado con vigor, valentía y bravura. Poder conseguir con su energía y firme determinación, lograr desaparecer a un Estado Autoritario y Criminal ; el de Gustavo Díaz Ordaz. En 1968, Elisa Irina tenía 22 años y un año después se integra completamente a las Fuerzas de Liberación Nacional.
Elisa Irina se retira de la vida pública pocos días después del triunfo del movimiento estudiantil de Monterrey de 1971, que logra ganar la Autonomía de la Universidad de Nuevo León y una ofensiva a la iniciativa privada de Monterrey, que obligó al Gobernador de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo Lozano a renunciar en los primeros días de junio de 1971, pero que originó en la Capital de la República el asesinato de decenas de estudiantes y desapariciones. Un Crimen de Estado más llevado a cabo por Los Halcones, el jueves de Corpus 10 de junio de 1971, comandados por el Regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez en el mandato presidencial de Luis Echeverría Álvarez. Dos años después, a pocos a días del Golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fecha en que fue depuesto y muerto Salvador Allende, el empresario regiomontano Eugenio Garza Sada cuando acudía muy temprano a su empresa, la Cervecería Cuauhtémoc, fue muerto por sus secuestradores en un fallido secuestro a su persona. Eugenio Garza Sada era uno de los baluartes fuertes de los empresarios regiomontanos. Su muerte desató una persecución mortal. Lla ofensiva del Estado junto a la Iniciativa Privada desataron con furia una persecución inmediata que llegó a todos los rincones del país y a Chiapas indiscriminadamente, unos meses después. Posterior a la muerte del empresario se formaron grupos paramilitares en Monterrey y otras ciudades del país: Los Escuadrones de la Muerte, escuadrones que asesinaban a pleno día, regaron de muertes las calles del país, de estudiantes, maestros y muchos civiles, sembrando el miedo, un terror que se sintió hasta los huesos. En los primeros meses de 1974, Elisa Irina es detenida en Chiapas, torturada y asesinada impunemente en el Campo Militar No. 1.
Luis Echeverría Álvarez acentuó la Guerra Sucia del Estado Mexicano; Fué a la caza y asesina a cientos de jóvenes que firmes se oponían a su gobierno. En su lucha los jóvenes opositores prometían cambios políticos y sociales profundos, exaltados por la realidad criminal del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en la masacre del 2 de octubre de 1968 que continua hasta la fecha, ahora en el alzamiento de Ayotzinapa.
En 1974 fueron asesinados la mayoría de los integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional a las cuales Elisa Irina perteneció. Las Fuerzas de Liberación Nacional fueron los precursores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un ejército de indígenas avasallados por siglos y hasta hoy sublevados desde 1994, contra el Estado Neoliberal Mexicano. Elisa Irina es la joven regiomontana heroína de la lucha política que enarbola un cambio profundo en las instituciones mexicanas empedernidamente corruptas. Elisa Irina siempre estará en los corazones de sus familiares y amigos, será siempre un ejemplo que continuar, de una lucha frontal contra el mal gobierno.

*La profesora y activista Elvia Jiménez de Sáenz fue esposa del militante y dirigente de las FLN Mario Alberto Sáenz Garza. Agradecemos que comparta su valioso testimonio en este espacio.

domingo, 26 de octubre de 2014

Ayotzinapa, las fosas y el Estado-nación mexicano

En el 2003 inicié una investigación histórica que me llevó a descubrir el horror de las desapariciones forzadas en México durante la Guerra sucia de los 60 y 70. Después de varios años de profundizar en el tema, llegué a la conclusión de que no menos de 1500 personas habían sido desaparecidas por las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno durante esas décadas. Sin embargo, debido a que a la mayoría de las desapariciones se registraron en áreas rurales incomunicadas y a que los familiares de las víctimas estaban física y socialmente aislados e imposibilitados para denunciar los hechos, cabe la posibilidad de que esa cifra haya sido mayor.
          En el 2004 me sumé a la lucha por la presentación de los detenidos-desaparecidos por razones políticas. En el proceso también descubrí comités de familiares de Sinaloa, Tijuana y Chihuahua que estaban buscando a sus desaparecidos de fechas recientes. Estas víctimas habían sido “levantadas” por motivos inciertos, aunque claramente no políticos. Los autores materiales de las desapariciones eran desconocidos, aunque en algunos casos había testigos de que habían sido sicarios o policías coludidos con el crimen organizado. En el horizonte de normalidad que operaba en el México de aquel entonces, era común que a una persona vinculada con los cárteles de la droga la abdujeran, torturaran y mataran, y que después el cadáver fuera disuelto en ácido, desmembrado o enterrado en una fosa clandestina. Sin embargo, el salvajismo de los criminales parecía algo muy ajeno a la “gente de bien”. Si uno no se metía con ellos –pensábamos- uno estaba sano y salvo en ese otro México paralelo, el de instituciones corruptas e ineficientes pero que tal vez, algún día, por milagro, por inercia, por obra del espíritu santo, o por lo que fuese, se perfeccionarían.
          Un día lejano del 2005 en el Palacio Nacional presencié la manifestación solitaria de un comité de ciudadanos de Sinaloa y Baja California (la Asociación Esperanza si mal no recuerdo). Colocaron fotografías de los desaparecidos, la mayoría hombres y mujeres jóvenes. No puedo precisar con exactitud el número de casos que llevaban, pero era tan elevado que me sorprendió. El representante del comité me contó que los criminales habían recrudecido la práctica de tomar venganza contra familias enteras (la famosa “vendetta”), aún si la mayoría de sus miembros no tenía ninguna relación con el narcotráfico. En otras palabras, por los errores de un individuo, hasta cinco o más podían pagar las consecuencias. Lo que parecía inusitado era que los verdugos no se conformaban con matar a sus víctimas y dejar que sus deudos las enterraran, sino que de forma deliberada las “levantaban” para no dejar evidencia del proceso de eliminación. El énfasis en la desaparición del cuerpo del delito era un hecho tan fortuito que no parecía tener una explicación lógica, dados los niveles de impunidad tan característicos del sistema de justicia. Mantuve este dato inquietante en la memoria, pero nunca preví que podría desembocar en algo tremebundo. En esos años la alternancia democrática alimentaba el optimismo de muchos y el sano escepticismo de otros, pero nadie auguraba el apocalipsis.
          Las cifras de desaparecidos se incrementaron de forma lenta pero constante durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), aunque el estigma de ser prácticas relacionadas con el crimen organizado las mantenía al margen de la esfera pública. En cambio, el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) hizo de la “guerra contra el crimen organizado” y su difusión el eje central de su plataforma política. Durante seis años los mexicanos fueron sometidos a la difusión sistemática de enfrentamientos, ejecuciones, masacres, levantones, profanación de cadáveres y todo género de horrores. La impotencia para contener la ola de sangre parecía total, la sociedad terminó extenuada, la apatía devino estrategia de sobrevivencia. En ese clima de ansiedad, hartazgo y desgaste, en 2010 un grupo de organizaciones de derechos humanos lanzamos la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y publicamos el manual "¿Qué hacer en caso de desaparición forzada?". Advertimos que la frecuencia, la cantidad de episodios que derivaban en una desaparición y el número de personas que eran desaparecidas en cada evento se habían incrementado alarmantemente. Algunos ya empezaban a hablar de una catástrofe humanitaria.
          La Campaña fue un esfuerzo importante pero no logró aglutinar a todas las organizaciones involucradas en esta problemática por la negativa de algunos comités de familiares a mezclar las desapariciones forzadas de luchadores sociales con las desapariciones de civiles sin actividad política. Dentro de estos civiles una gran cantidad, quizá la mayoría, no tenía nexos con el crimen organizado tampoco, por lo que su desaparición se hundía en el más profundo misterio. (A estos desaparecidos he optado por llamarlos “neutrales”, aunque en el discurso oficial son llamados “daños colaterales”). Para quienes trabajábamos con desaparecidos políticos empezó a ser cada vez más evidente que las fuerzas de seguridad tenían una gran corresponsabilidad en los mal llamados “levantones”, ya fuera por acción, aquiescencia u omisión. La colusión entre el crimen organizado, las policías y las fuerzas armadas era absoluta en los estados que registraban el mayor número de desapariciones: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Para los familiares de los desaparecidos neutrales esta fue una realidad difícil de aceptar, pues si el propio Estado era el responsable de los crímenes, ¿quién podría hacerles justicia?
          Ciudad Juárez, Chihuahua había sido el epicentro tradicional del descubrimiento de fosas clandestinas durante la década de los noventa, pero la situación cambió dramáticamente con la guerra contra el crimen organizado iniciada en diciembre de 2006. A partir del 2010 el descubrimiento de las llamadas “narcofosas” se hizo rutinario en otros estados de la república. En cada fosa eran hallados de 10 a 70 cadáveres. En mayo del 2010 fueron encontrados 55 cuerpos en una mina abandonada de Taxco, Guerrero, algo que no generó una reacción especial debido a que ese estado se ha asociado históricamente con niveles extremos de violencia. En julio de 2010 fueron encontrados 70 cuerpos en fosas en Nuevo León, un hecho sin precedente en ese estado, que evidenció el poder de Los Zetas en la entidad. Sin embargo, esto pasó a segundo plano ante la revelación de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010, que dejó al descubierto la cooperación entre Los Zetas, las fuerzas de seguridad y los agentes de migración. Tres meses más tarde, en el municipio de Acapulco, Gro. -el mundialmente famoso destino turístico de México- fue descubierta una fosa con 20 cadáveres de turistas michoacanos salvajemente torturados. En abril de 2011, en la misma localidad de San Fernando, Tamp. fueron localizadas fosas con al menos 193 cuerpos.  La masacre de 52 civiles en el Casino Royale en agosto de 2011, a plena luz del día, en un lugar céntrico de la ciudad de Monterrey, N.L. sepultó la atención en hechos pasados. Y desde luego, un nuevo hecho lacerante impidió que se digiriera el horror previo: el descubrimiento de 340 cadáveres en fosas clandestinas en el estado de Durango en febrero del 2012. En diciembre de 2013 se exhumaron 76 cuerpos en La Barca, Jalisco. Un método de exterminio que había sido típico de los estados fronterizos, comenzó a hacerse extensivo a otras regiones del centro y sur del país. Fosas con un rango de 10 a 40 cadáveres han sido encontradas en Jalisco, Michoacán, Morelos, Estado de México y Veracruz de 2012 a la fecha. En diciembre de 2012 se localizaron 1800 huesos en Tijuana, Baja California, disueltos por el tristemente célebre “Pozolero”. En febrero de 2014 se encontraron 500 restos humanos en fosas de Coahuila y no se pudo determinar el número de víctimas. Los criminales ponen cada vez más empeño en la eliminación de evidencias, por lo que destazan a las víctimas y después les rocían ácido o gasolina para quemarlas.
           Es evidente que hay una correlación entre las miles de familias que exigen la presentación de sus desaparecidos y estos hallazgos macabros. Sin embargo, por falta de voluntad institucional, y pese a la gravedad de los hechos, México no cuenta con un equipo de antropología forense de primer nivel, ni con la tecnología indispensable para hacer un trabajo cuidadoso de localización, exhumación, preservación e identificación de los restos. La mayoría de los cuerpos encontrados son enterrados en fosas comunes, sin haber sido identificados. No existe un padrón nacional de desaparecidos -sólo una vaga lista de 22, 322 nombres-, como tampoco un banco de ADN. 
La propaganda oficial ha insistido hasta ahora en que la mayoría de las víctimas de la guerra son delincuentes, en otras palabras, que los narcotraficantes están cometiendo un exterminio masivo de narcotraficantes. El gobierno simula olvidar que los narcotraficantes están armados hasta los dientes: es verdad, se matan entre ellos, pero también tienen la posibilidad de defenderse. Una posibilidad de la que el ciudadano ordinario adolece. Sin embargo, es inevitable preguntarse, ¿por qué los criminales están desapareciendo civiles de forma masiva? Los defensores de derechos humanos convertidos en detectives han averiguado las causas: tráfico y trata de personas con fines de explotación laboral y comercio sexual, tráfico de órganos, reclutamiento forzado para los ejércitos paramilitares, eliminación de activistas sociales que estorben las actividades ilícitas del crimen organizado, limpieza social, creación de "falsos positivos", etc.
          Es verdad, todos esos son hechos probados. Sólo quisiera añadir que la desaparición también obedece a una pedagogía del terror. Los ejércitos paramilitares desaparecen civiles como parte de su entrenamiento “profesional”. Cualquiera que pretenda convertirse en un paramilitar o sicario, debe demostrar su capacidad para ejecutar una serie de procedimientos cuya violencia patológica los hace difíciles de racionalizar. El cercenamiento de cabezas, la mutilación de extremidades o de partes específicas (dedos, orejas, pezones, testículos), la extracción de ojos, cerebro, vísceras, uñas y dientes, el desollamiento, la disolución de cuerpos en ácido, su colocación en tambos con cemento, su cremación en fosas o su destazamiento para dar de comer los restos a animales carnívoros, han sido algunas de las prácticas más características de los sicarios mexicanos. Si bien muchas de las ejecuciones se realizan con armas de fuego, los criminales tienen un particular regusto por las armas más primitivas: machetes, cuchillos, soplete, pinzas, tijeras, varas... Los criminales desaparecen porque pueden hacerlo. Lo hacen porque desde los 70, cuando arrancó la primera  guerra contra las drogas (la así llamada "Operación Cóndor", pese a que esa ave no existe en México), no ha habido ninguna autoridad civil, militar, religiosa, ni de ninguna índole capaz de detenerlos. Lo hacen porque hasta ahora, no han tenido consecuencias: la maquinaria de drogas, terror y guerra es más lucrativa que nunca y la clase política ha sido una de sus principales beneficiarias. El narconeoliberalismo se ha convertido en la piedra angular del necrocapitalismo.

Los 43
          La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero evidenció el modus operandi de las fuerzas de seguridad en la presente guerra, atrayendo más atención internacional que cualquier otro hecho sangriento previo. Esto es así no sólo porque la participación de la policía fue pública y visible, sino porque nunca un número tan grande de estudiantes había sido masacrado en México desde el 10 de junio de 1971, cuando el grupo paramilitar de los Halcones mató a aproximadamente 42 estudiantes en la Ciudad de México. Es curioso que el número de muertos comprobados de la matanza de Tlatelolco del ‘68 sea de 44, si bien el número de víctimas que se ha especulado oscile entre 150 y 300.
          42, 43, 44 o 300, los estudiantes nunca deberían ser masacrados por ningún motivo. La principal víctima de este conflicto, sin embargo, no son los estudiantes o los civiles neutrales, sino la idea imaginaria que teníamos de pertenecer a una nación llamada México. Eso es lo que para mí quedó sepultado en las decenas de fosas que se han encontrado entre septiembre y octubre del 2014 en Iguala, Guerrero, albergando más de 50 cadáveres, y que vienen a ser como el último clavo en el ataúd de la degradación nacional. Esta muerte del nacionalismo queda bien resumida en la filosofía de vida de un criminal, recogida en el documental “De Panzazo!”: “a poco si tú fueras narco, y sabes que estás ganando pero el buti de millones cada mes, vas a decir ‘no pues porque cambie el país voy a dejar de ganar tantos millones’, chingue a su madre, que se mueran los que se tengan que morir mientras yo esté bien”. El narconeoliberalismo está logrando la destrucción del Estado-nación mexicano. No sé si nosotros seremos capaces de resucitarlo, pero quiero aferrarme a la esperanza de un México, o muchos Méxicos, construidos bajo principios humanos, civiles y morales.

P.D. Intuimos la verdad sobre el cruento destino de los compañeros desaparecidos, pero exigimos que el gobierno federal deje de administrar la mentira con el propósito infame de proteger su imagen y hacer control de daños. Por eso, a un mes de la masacre de Iguala, seguimos diciendo: ¡presentación con vida y castigo a los culpables!



martes, 25 de junio de 2013

La relación entre las víctimas y el investigador


En 2003 una serie de coincidencias afortunadas me llevó a conocer a un numeroso grupo de sobrevivientes de la guerra sucia mexicana, así como a familiares de víctimas de la desaparición forzada y otras violaciones graves a los derechos humanos. Me sorprendió que, a diferencia de lo que ha ocurrido con las víctimas de Centro y Sudamérica,[1] las de México no tuvieran visibilidad, reconocimiento ni apoyo por parte de ningún organismo institucional o no gubernamental, nacional o extranjero. En el transcurso de mi investigación sobre la guerra sucia y los abusos masivos a los derechos humanos, de forma espontánea se fue tejiendo entre algunas víctimas y yo un vínculo de solidaridad y afecto, trenzado por nuestra búsqueda común de la verdad histórica. A lo largo de ocho años acompañé a las víctimas por un sendero truculento, lleno de escollos insondables, sin otra aspiración que ayudarlas en sus reclamos frente al Estado, demandando la presentación de los desaparecidos (vivos o muertos), castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y reparación integral del daño. Con algunas familias se consolidó una relación fraterna, sincera e impermeable al paso de los años.  En otros casos la experiencia fue amarga y dramática, pero digna de reflexión. Así, puedo decir que aunque la idea de comprometerse moralmente con las víctimas pueda sonar excesiva por su carga de parcialidad y sus muchos aspectos frustrantes, tiene también otros muy gratificantes y enaltecedores.
Yo acepto haber roto una regla de oro del investigador: no involucrarse o establecer compromisos con personas que directa o indirectamente son parte del objeto de estudio. Ese enfoque aséptico, basado en una presunta neutralidad, me resultaba harto chocante. Considero que la Historia debe servir no sólo para nutrir la erudición de académicos entusiastas o la pasión por el conocimiento de los grandes sabios. La Historia debe servir, también, para ayudar a gente concreta a resolver problemas concretos, y eso fue lo que yo conseguí con mi investigación. Ayudar a decenas de personas a esclarecer qué habían hecho sus familiares después de pasar a la clandestinidad, cómo había sido su vida al interior de las organizaciones armadas, en qué circunstancias habían sido detenidos y desaparecidos, tuvo un valor terapéutico extraordinario. Es algo de lo que siempre me sentiré muy orgullosa, pues no sólo tuvimos la oportunidad de trabajar en equipo, reconstruyendo las piezas del rompecabezas, sino que hicimos frente tanto a la perversidad del Estado mexicano como a la de comités autoproclamados defensores de derechos humanos que pretendían detentar un monopolio sobre el tema y que negaban a las víctimas el derecho a tener la iniciativa de buscar información por su cuenta, así como a exigir una reparación integral del daño.  Nuestra estrategia fue dar la batalla jurídica contra el Estado e ignorar a quienes nos señalaban con su sospechoso dedo acusador.
Es mi deseo explicar las diferentes reacciones que observé entre las víctimas a lo largo del proceso, pues es algo que viví en solitario pero quizá pueda ser de utilidad a investigadores que transitan por un camino semejante al mío. Lo primero que hay que entender es que las víctimas no son la fuente de la verdad. El hecho de que hayan sufrido situaciones traumáticas no las convierte en entes intocables e incuestionables. El investigador debe tener la habilidad de evitar preguntas o situaciones que conduzcan a una revictimización, pero también debe tener el cuidado de no ver en la víctima a una fuente pura. La clave está en aprender cómo trabajar con una memoria traumatizada. Para hacer frente al dolor, dar sentido a situaciones que parecen carecer de él y responder interrogantes en medio de un silencio o un desconocimiento apabullante, algunas víctimas fabrican recuerdos de forma involuntaria, aseguran haber participado en hechos que no tuvieron lugar o haber visto o platicado con personas en fechas que resultan imposibles. Esto puede ser un poco desconcertante al principio, pero si se entiende que la psique de las víctimas apela a estrategias de autoprotección, lo que aparece como mentira, rumor o leyenda bajo una perspectiva racional, cobra sentido e incluso se vuelve una pieza necesaria para entender la complejidad del fenómeno. Así, mal haría el investigador en acusar a la víctima de ser mitómana o fantasiosa, sin entender el trasfondo. Desde luego, es problemático que la víctima se asuma como la fuente de la verdad por haber vivido aquellos hechos que el investigador reconstruye, o incluso, por su mero parentesco con los protagonistas. En casos extremos, hay víctimas que apelan al chantaje moral: su sufrimiento es el índice inmediato de su verdad; al desacreditarlas el investigador les echa sal en la herida. Esta clase de víctimas terminarán disgustadas con el investigador por no haber suscrito su versión o no haberle dado centralidad en su narrativa; eso es inevitable, son los gajes del oficio. Si la víctima se presta al diálogo abierto, el investigador puede explicarle pacientemente por qué adoptó tal postura. En contraparte, también es posible encontrar víctimas que por su nivel educativo tienen una visión más rica, compleja y crítica, incluso autocrítica. Sus testimonios parecen oro molido, sin embargo, el investigador no debe caer en la trampa de pensar que la víctima siempre tuvo ese nivel de análisis y crítica. No se debe perder de vista que las personas cambian todo el tiempo y que su reconstrucción de los hechos está inevitablemente permeada por acontecimientos y reflexiones posteriores.
Por otra parte, el investigador siempre tiene que ser cuidadoso con el tipo de preguntas que hace a las víctimas. Hay aspectos íntimos o subjetivos cuya remembranza puede ocasionar dolor a la víctima. Al margen de si aportan o no a la investigación, estos temas deben ser evitados a menos que el investigador tenga entrenamiento en psicología y pueda manejar un momento de catarsis. Hay también, preguntas aparentemente inofensivas que incomodan a las víctimas, en algunos casos porque se trata de cosas que se da por sentado que la víctima debe saber, pero no es el caso, en otros porque la víctima no entiende por qué esa información es de utilidad para el investigador, entonces puede manifestar desconfianza o rechazo frente a él. El investigador debe siempre hacer gala de integridad, honestidad y transparencia, a fin de ganarse la confianza de las víctimas. Desde luego, habrá algunas que manifiesten un rechazo apriorístico y que nunca le den al investigador ni siquiera la oportunidad de exponer su punto, en esos casos no queda más que alejarse. Y puede presentarse también el caso opuesto. En mi experiencia, hubo gente que estaba resentida conmigo porque nunca los busqué para entrevistarlos y empezaron a difundir especies sobre mi persona. En otros casos, hubo víctimas que se sintieron amenazada por la manera en que mis hallazgos podían modificar su versión de los hechos y, sin conocerme ni haber nunca coincidido en ningún ámbito, también fabricaron rumores sobre mi trabajo. El investigador tiene que estar preparado para eso. En un espacio marginal, en el que las víctimas han sufrido largamente en silencio y todo lo que han hecho o dejado de hacer ha estado en la penumbra, es natural que se produzcan reacciones paranoides, de recelo y de rechazo. Al principio las calumnias, proviniendo de las propias víctimas, pueden tener cierto efecto desestabilizador, pero al final no queda más que tomarlas con templanza. La acusación más frecuente en esos ambientes es la de ser policías. Una parte de mis colegas investigadores y la mayoría de activistas de los derechos humanos que trabajan con víctimas de la guerra sucia han estado bajo la sospecha de serlo. Las víctimas vivieron por décadas sin que ningún periodista, investigador o defensor de derechos humanos se ocupara de ellas y al principio no sabían cómo procesar el hecho de convertirse de pronto en un objeto de interés y estudio, pasando de un ámbito exclusivamente privado y cuasi secreto a uno público.  Por otra parte, algo que también desconcierta a las víctimas es que el investigador llegue a saber más que ellas. Su razonamiento es: “¿por qué él sabe más que yo, si yo lo viví? Debe ser de la policía”. Aunque esta forma de pensar nos parezca absurda, debemos enfrentarla con madurez. Puedo asegurar que la mayoría de las víctimas se presta para el diálogo cuando constata la transparencia del investigador. Son pocos los casos en que la víctima persiste en su rechazo apriorístico y su afán de desenmascarar al presunto impostor.  En esos casos, no queda al investigador más que defenderse en público y en privado de tales calumnias. Lo peor que puede hacer –y lo digo con conocimiento de causa– es ignorar a sus detractores y no darle ninguna importancia a su capacidad para hacer ruido y propagar rumores falsos.
Por otro lado, es importante considerar la cuestión de género. Algunas mujeres tienden a sentirse más cómodas ofreciendo su testimonio a otra mujer, y son más parcas con los hombres. Por el contrario, hay algunos hombres que piensan que las mujeres son como huéspedes en un ámbito fundamentalmente masculino (recordemos que se trata de testimonios de guerra), y su preocupación por la manera en que los percibe el género opuesto puede modificar su testimonio, enfatizando ya sea la heroicidad o la victimización. Desde luego, también hay hombres y mujeres con concepciones de género más equitativas.  
Otro aspecto que me gustaría destacar es la posible dependencia de la víctima hacia el investigador con orientación en derechos humanos. Es cierto que la víctima idónea es la proactiva, la que aprende las estrategias legales, jurídicas, mediáticas, informativas, etc. para defender su caso y las pone en práctica, pero al menos en México ese tipo de víctima escasea, pues la mayoría de aquellos que sufren tortura, cárcel injustificada, desaparición forzada o ejecución extrajudicial pertenecen a estratos sociales bajos o medio-bajos. Cabe recordar que en la Argentina ocurrió lo opuesto, pues una gran cantidad de víctimas eran de clase media y media alta y eso permitió la canalización de muchos recursos (monetarios, materiales, intelectuales, etc.) hacia las agrupaciones de derechos humanos, lo que a la larga les permitió obtener conquistas fundamentales. En México las víctimas y sus escasos aliados no cuentan con la escolaridad, los fondos económicos ni las redes sociales adecuadas para luchar contra el Estado. Por ende, a veces resulta difícil establecer los límites del trabajo profesional en relación con las necesidades de las víctimas. Por ello, el investigador debe delimitar claramente sus funciones y no comprometerse a hacer algo que rebase sus capacidades.
Todos los casos son relevantes y demandan un gran esfuerzo, pero el investigador cometería un error al pretender atenderlos todos o incluso pretender ir más allá de lo humanamente posible. Lo más factible es que no llegue a revisar a fondo y a dar seguimiento más que a una decena de casos (desde luego, eso dependerá de su propia agenda de investigación y de su financiamiento). Al principio de mi investigación pensé que podía documentar todos los casos de desaparición forzada, pero eso resultó inviable. Además, uno de mis errores más grandes fue haber creído que, una vez agotado el trabajo en los archivos de la policía y el ejército, sería posible localizar otras fuentes (orales o documentales) para dar con el paradero de los desaparecidos, y de algún modo transmití ese optimismo a algunas víctimas, lo cual fue contraproducente. Al final aprendí que la experiencia argentina era la más ilustrativa en ese terreno: sólo un poderoso movimiento social que reivindique a las víctimas del terror de Estado frente a un gobierno sensible y dispuesto a hacer justicia puede lograr que se produzcan iniciativas institucionales para buscar a los desaparecidos.
Algunos activistas se sienten frustrados con las víctimas porque éstas no muestran disposición para insertarse en la lucha social. Creo que se debe entender que la represión tiene efectos diferenciados entre las víctimas: a algunas las moverá al terreno de la lucha, pero a otras las inhabilitará de por vida.  A una víctima que nunca ha participado en ningún movimiento social y que no pertenece a ninguna red política, difícilmente se le puede exigir que improvise a consecuencia de su circunstancia de víctima. En algunos casos, las víctimas con mayores niveles de resiliencia pueden ser más colaborativas, pero en definitiva trabajar con víctimas despolitizadas es un reto muy grande, pues al no tener iniciativa propia o los recursos necesarios, acudirán siempre al investigador o al defensor de los derechos humanos para que hagan las gestiones que a ellas les corresponden. En este caso mi actitud ha sido ambigua: si bien al principio aceptaba actuar a nombre y representación de las víctimas, con el paso del tiempo establecí los límites de mis funciones y en qué cosas podía y no podía auxiliarlas. Hay que admitir que aún cuando aparentemente sea poco lo que uno puede hacer por las víctimas, es algo que difícilmente alguien más hará.  Es probable que mi única contribución consista en haber rescatado a una docena de víctimas del olvido, ayudar a sus familias a obtener información sobre ellas y presentar denuncias en la PGR. Eso puede parecer poco, pero en el contexto en el que se produjeron los hechos fue suficiente. Senté las bases sobre las cuales las familias pueden exigir justicia legalmente y presentar sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque eso dependa de ellas, no de mí. No es juicioso pretender ir más allá de las posibilidades reales o la voluntad de las víctimas.
Es muy importante que se evite generar falsas expectativas. En el caso de la desaparición forzada, es adecuado ayudar a la víctima a lidiar con la incertidumbre: no sabemos si su familiar está vivo o muerto, en eso consiste el hecho atroz de su desaparición. Fomentar en la víctima la idea de que está necesariamente vivo o la de que algo que ella haga puede ocasionarle la muerte, sólo ocasiona más dolor y frustración a largo plazo.  Desde luego, llega un punto en el que, después de 30 o 40 años las víctimas se enfrentan con la realidad de que ya no es físicamente posible que su familiar siga con vida (por edad o por enfermedad). En esos casos no se debe desalentar la lucha, sino mostrar que legalmente el derecho a la verdad, al duelo y a dar una sepultura digna a los deudo, sigue intacto.

Los focos rojos
La convivencia intensa entre el investigador y las víctimas puede dar lugar a situaciones complicadas, en las que se presentan los inconvenientes de cualquier relación humana. No es infrecuente que la víctima demande apoyo económico del investigador o que le pida otros favores que no son de su incumbencia. Se trata de dilemas éticos difíciles de sortear. Si la víctima está en una situación desesperada es inevitable negarle un gesto de solidaridad. Sin embargo, esta práctica puede volverse recurrente. La mayoría de las víctimas de Estado se encuentran en una situación económica deplorable, a consecuencia de los abusos de que fueron objeto. No es idóneo que el investigador ofrezca siempre su mano amiga, pues puede ser visto por la víctima como un benefactor, y al momento en que retire ese apoyo material o moral, puede ser percibido como enemigo y recibir las acusaciones más descabelladas (por ejemplo, la de usar a las víctimas con fines instrumentales para obtener información, entre otras). Lo más sensato para el investigador sería sugerir a la víctima lugares a los cuáles acudir para recibir apoyo económico, material, psicológico, etc., sin comprometerse a brindarlo personalmente.
Durante algún tiempo, a mis 24 años y con ingresos magros, sentí que era mi obligación ayudar a los familiares de los desaparecidos, porque nadie más lo hacía.  Si bien encontré algunas víctimas que, por el contrario, sentían que era su deber apoyarme monetariamente con mi investigación, que era autofinanciada, también encontré a otras que pensaban que la sociedad estaba en deuda con ellas y que todos éramos responsables de su sufrimiento, por no haber mostrado interés ni solidaridad ante sus tragedias individuales y colectivas.  Había víctimas que sólo pedían favores cuando en realidad lo necesitaban, en cambio, había otras que, no contando con actividades remunerativas, se dedicaban a pedir dinero o a buscar beneficios derivados de su posición de víctimas. En estos casos tuve desacuerdos profundos que derivaron en roces, e incluso en choques frontales. Recientemente me enteré que hubo una víctima que pidió dinero a mi nombre, argumentando que yo haría un peritaje histórico sobre el caso de su madre desaparecida. Este hecho reprobable es sólo el pináculo de una serie de actitudes erráticas de alguien que tuvo la astucia de manipular a varias personas amparándose en su discurso de víctima. Cuando se suscitan estos hechos desagradables, no queda más que asumir los errores propios y deslindarse públicamente de prácticas deshonestas.  Aún cuando el abuso de confianza por parte de una víctima es más bien la excepción y no la regla, el investigador debe estar prevenido contra él. De ninguna manera se trata de linchar a la víctima (por eso me he ahorrado el nombre de mi timador), sino de alejarse de ella y señalar (en público o privado, según lo demande el caso) las razones por las que no se puede tener ningún vínculo con ella.
Otro hecho, menos grave, pero sobre el que también debe ser advertido el investigador es el de las relaciones interpersonales con las víctimas. No es extraño que se produzcan relaciones de compañerismo y amistad, y en casos excepcionales, de noviazgo. Es fácil mantener una relación sana y cordial cuando no se transgreden las fronteras claramente establecidas desde un inicio. En caso contrario, las relaciones se pueden deteriorar drásticamente. El investigador debe ver un foco rojo cuando la víctima empieza a entrometerse con su vida privada, opinando sobre cuestiones muy personales. Es natural que las víctimas consideren que, así como ellas se han abierto con el investigador, contándole asuntos íntimos, tienen derecho a preguntar al investigador sobre su vida. El investigador debe dejar en claro que su interés por la víctima no es personal, mucho menos morboso, sino que es fundamentalmente profesional y humanitario. Así, mientras que el testimonio de la víctima redunda en un beneficio para la causa legal, el que la víctima sepa la vida privada del investigador no tiene ningún valor. Si el investigador insiste en abrir su intimidad hacia las víctimas, puede desencadenar reacciones humanas típicas, que pueden convertirse en un obstáculo para el trabajo y en un dolor de cabeza a nivel emocional.  


[1] Mi concepto de víctima abarca: 1) a los exmilitantes de organizaciones político-militares que sufrieron tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada temporal, procesos penales irregulares y otros abusos a sus derechos humanos; 2) a los civiles que sufrieron los mismos abusos a consecuencia de sus relaciones de parentesco, amistad o vecindad con los insurgentes, y 3) a los familiares de las víctimas de desaparición forzada, reconocidas como tales por el derecho internacional humanitario.