martes, 25 de junio de 2013

La relación entre las víctimas y el investigador


En 2003 una serie de coincidencias afortunadas me llevó a conocer a un numeroso grupo de sobrevivientes de la guerra sucia mexicana, así como a familiares de víctimas de la desaparición forzada y otras violaciones graves a los derechos humanos. Me sorprendió que, a diferencia de lo que ha ocurrido con las víctimas de Centro y Sudamérica,[1] las de México no tuvieran visibilidad, reconocimiento ni apoyo por parte de ningún organismo institucional o no gubernamental, nacional o extranjero. En el transcurso de mi investigación sobre la guerra sucia y los abusos masivos a los derechos humanos, de forma espontánea se fue tejiendo entre algunas víctimas y yo un vínculo de solidaridad y afecto, trenzado por nuestra búsqueda común de la verdad histórica. A lo largo de ocho años acompañé a las víctimas por un sendero truculento, lleno de escollos insondables, sin otra aspiración que ayudarlas en sus reclamos frente al Estado, demandando la presentación de los desaparecidos (vivos o muertos), castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y reparación integral del daño. Con algunas familias se consolidó una relación fraterna, sincera e impermeable al paso de los años.  En otros casos la experiencia fue amarga y dramática, pero digna de reflexión. Así, puedo decir que aunque la idea de comprometerse moralmente con las víctimas pueda sonar excesiva por su carga de parcialidad y sus muchos aspectos frustrantes, tiene también otros muy gratificantes y enaltecedores.
Yo acepto haber roto una regla de oro del investigador: no involucrarse o establecer compromisos con personas que directa o indirectamente son parte del objeto de estudio. Ese enfoque aséptico, basado en una presunta neutralidad, me resultaba harto chocante. Considero que la Historia debe servir no sólo para nutrir la erudición de académicos entusiastas o la pasión por el conocimiento de los grandes sabios. La Historia debe servir, también, para ayudar a gente concreta a resolver problemas concretos, y eso fue lo que yo conseguí con mi investigación. Ayudar a decenas de personas a esclarecer qué habían hecho sus familiares después de pasar a la clandestinidad, cómo había sido su vida al interior de las organizaciones armadas, en qué circunstancias habían sido detenidos y desaparecidos, tuvo un valor terapéutico extraordinario. Es algo de lo que siempre me sentiré muy orgullosa, pues no sólo tuvimos la oportunidad de trabajar en equipo, reconstruyendo las piezas del rompecabezas, sino que hicimos frente tanto a la perversidad del Estado mexicano como a la de comités autoproclamados defensores de derechos humanos que pretendían detentar un monopolio sobre el tema y que negaban a las víctimas el derecho a tener la iniciativa de buscar información por su cuenta, así como a exigir una reparación integral del daño.  Nuestra estrategia fue dar la batalla jurídica contra el Estado e ignorar a quienes nos señalaban con su sospechoso dedo acusador.
Es mi deseo explicar las diferentes reacciones que observé entre las víctimas a lo largo del proceso, pues es algo que viví en solitario pero quizá pueda ser de utilidad a investigadores que transitan por un camino semejante al mío. Lo primero que hay que entender es que las víctimas no son la fuente de la verdad. El hecho de que hayan sufrido situaciones traumáticas no las convierte en entes intocables e incuestionables. El investigador debe tener la habilidad de evitar preguntas o situaciones que conduzcan a una revictimización, pero también debe tener el cuidado de no ver en la víctima a una fuente pura. La clave está en aprender cómo trabajar con una memoria traumatizada. Para hacer frente al dolor, dar sentido a situaciones que parecen carecer de él y responder interrogantes en medio de un silencio o un desconocimiento apabullante, algunas víctimas fabrican recuerdos de forma involuntaria, aseguran haber participado en hechos que no tuvieron lugar o haber visto o platicado con personas en fechas que resultan imposibles. Esto puede ser un poco desconcertante al principio, pero si se entiende que la psique de las víctimas apela a estrategias de autoprotección, lo que aparece como mentira, rumor o leyenda bajo una perspectiva racional, cobra sentido e incluso se vuelve una pieza necesaria para entender la complejidad del fenómeno. Así, mal haría el investigador en acusar a la víctima de ser mitómana o fantasiosa, sin entender el trasfondo. Desde luego, es problemático que la víctima se asuma como la fuente de la verdad por haber vivido aquellos hechos que el investigador reconstruye, o incluso, por su mero parentesco con los protagonistas. En casos extremos, hay víctimas que apelan al chantaje moral: su sufrimiento es el índice inmediato de su verdad; al desacreditarlas el investigador les echa sal en la herida. Esta clase de víctimas terminarán disgustadas con el investigador por no haber suscrito su versión o no haberle dado centralidad en su narrativa; eso es inevitable, son los gajes del oficio. Si la víctima se presta al diálogo abierto, el investigador puede explicarle pacientemente por qué adoptó tal postura. En contraparte, también es posible encontrar víctimas que por su nivel educativo tienen una visión más rica, compleja y crítica, incluso autocrítica. Sus testimonios parecen oro molido, sin embargo, el investigador no debe caer en la trampa de pensar que la víctima siempre tuvo ese nivel de análisis y crítica. No se debe perder de vista que las personas cambian todo el tiempo y que su reconstrucción de los hechos está inevitablemente permeada por acontecimientos y reflexiones posteriores.
Por otra parte, el investigador siempre tiene que ser cuidadoso con el tipo de preguntas que hace a las víctimas. Hay aspectos íntimos o subjetivos cuya remembranza puede ocasionar dolor a la víctima. Al margen de si aportan o no a la investigación, estos temas deben ser evitados a menos que el investigador tenga entrenamiento en psicología y pueda manejar un momento de catarsis. Hay también, preguntas aparentemente inofensivas que incomodan a las víctimas, en algunos casos porque se trata de cosas que se da por sentado que la víctima debe saber, pero no es el caso, en otros porque la víctima no entiende por qué esa información es de utilidad para el investigador, entonces puede manifestar desconfianza o rechazo frente a él. El investigador debe siempre hacer gala de integridad, honestidad y transparencia, a fin de ganarse la confianza de las víctimas. Desde luego, habrá algunas que manifiesten un rechazo apriorístico y que nunca le den al investigador ni siquiera la oportunidad de exponer su punto, en esos casos no queda más que alejarse. Y puede presentarse también el caso opuesto. En mi experiencia, hubo gente que estaba resentida conmigo porque nunca los busqué para entrevistarlos y empezaron a difundir especies sobre mi persona. En otros casos, hubo víctimas que se sintieron amenazada por la manera en que mis hallazgos podían modificar su versión de los hechos y, sin conocerme ni haber nunca coincidido en ningún ámbito, también fabricaron rumores sobre mi trabajo. El investigador tiene que estar preparado para eso. En un espacio marginal, en el que las víctimas han sufrido largamente en silencio y todo lo que han hecho o dejado de hacer ha estado en la penumbra, es natural que se produzcan reacciones paranoides, de recelo y de rechazo. Al principio las calumnias, proviniendo de las propias víctimas, pueden tener cierto efecto desestabilizador, pero al final no queda más que tomarlas con templanza. La acusación más frecuente en esos ambientes es la de ser policías. Una parte de mis colegas investigadores y la mayoría de activistas de los derechos humanos que trabajan con víctimas de la guerra sucia han estado bajo la sospecha de serlo. Las víctimas vivieron por décadas sin que ningún periodista, investigador o defensor de derechos humanos se ocupara de ellas y al principio no sabían cómo procesar el hecho de convertirse de pronto en un objeto de interés y estudio, pasando de un ámbito exclusivamente privado y cuasi secreto a uno público.  Por otra parte, algo que también desconcierta a las víctimas es que el investigador llegue a saber más que ellas. Su razonamiento es: “¿por qué él sabe más que yo, si yo lo viví? Debe ser de la policía”. Aunque esta forma de pensar nos parezca absurda, debemos enfrentarla con madurez. Puedo asegurar que la mayoría de las víctimas se presta para el diálogo cuando constata la transparencia del investigador. Son pocos los casos en que la víctima persiste en su rechazo apriorístico y su afán de desenmascarar al presunto impostor.  En esos casos, no queda al investigador más que defenderse en público y en privado de tales calumnias. Lo peor que puede hacer –y lo digo con conocimiento de causa– es ignorar a sus detractores y no darle ninguna importancia a su capacidad para hacer ruido y propagar rumores falsos.
Por otro lado, es importante considerar la cuestión de género. Algunas mujeres tienden a sentirse más cómodas ofreciendo su testimonio a otra mujer, y son más parcas con los hombres. Por el contrario, hay algunos hombres que piensan que las mujeres son como huéspedes en un ámbito fundamentalmente masculino (recordemos que se trata de testimonios de guerra), y su preocupación por la manera en que los percibe el género opuesto puede modificar su testimonio, enfatizando ya sea la heroicidad o la victimización. Desde luego, también hay hombres y mujeres con concepciones de género más equitativas.  
Otro aspecto que me gustaría destacar es la posible dependencia de la víctima hacia el investigador con orientación en derechos humanos. Es cierto que la víctima idónea es la proactiva, la que aprende las estrategias legales, jurídicas, mediáticas, informativas, etc. para defender su caso y las pone en práctica, pero al menos en México ese tipo de víctima escasea, pues la mayoría de aquellos que sufren tortura, cárcel injustificada, desaparición forzada o ejecución extrajudicial pertenecen a estratos sociales bajos o medio-bajos. Cabe recordar que en la Argentina ocurrió lo opuesto, pues una gran cantidad de víctimas eran de clase media y media alta y eso permitió la canalización de muchos recursos (monetarios, materiales, intelectuales, etc.) hacia las agrupaciones de derechos humanos, lo que a la larga les permitió obtener conquistas fundamentales. En México las víctimas y sus escasos aliados no cuentan con la escolaridad, los fondos económicos ni las redes sociales adecuadas para luchar contra el Estado. Por ende, a veces resulta difícil establecer los límites del trabajo profesional en relación con las necesidades de las víctimas. Por ello, el investigador debe delimitar claramente sus funciones y no comprometerse a hacer algo que rebase sus capacidades.
Todos los casos son relevantes y demandan un gran esfuerzo, pero el investigador cometería un error al pretender atenderlos todos o incluso pretender ir más allá de lo humanamente posible. Lo más factible es que no llegue a revisar a fondo y a dar seguimiento más que a una decena de casos (desde luego, eso dependerá de su propia agenda de investigación y de su financiamiento). Al principio de mi investigación pensé que podía documentar todos los casos de desaparición forzada, pero eso resultó inviable. Además, uno de mis errores más grandes fue haber creído que, una vez agotado el trabajo en los archivos de la policía y el ejército, sería posible localizar otras fuentes (orales o documentales) para dar con el paradero de los desaparecidos, y de algún modo transmití ese optimismo a algunas víctimas, lo cual fue contraproducente. Al final aprendí que la experiencia argentina era la más ilustrativa en ese terreno: sólo un poderoso movimiento social que reivindique a las víctimas del terror de Estado frente a un gobierno sensible y dispuesto a hacer justicia puede lograr que se produzcan iniciativas institucionales para buscar a los desaparecidos.
Algunos activistas se sienten frustrados con las víctimas porque éstas no muestran disposición para insertarse en la lucha social. Creo que se debe entender que la represión tiene efectos diferenciados entre las víctimas: a algunas las moverá al terreno de la lucha, pero a otras las inhabilitará de por vida.  A una víctima que nunca ha participado en ningún movimiento social y que no pertenece a ninguna red política, difícilmente se le puede exigir que improvise a consecuencia de su circunstancia de víctima. En algunos casos, las víctimas con mayores niveles de resiliencia pueden ser más colaborativas, pero en definitiva trabajar con víctimas despolitizadas es un reto muy grande, pues al no tener iniciativa propia o los recursos necesarios, acudirán siempre al investigador o al defensor de los derechos humanos para que hagan las gestiones que a ellas les corresponden. En este caso mi actitud ha sido ambigua: si bien al principio aceptaba actuar a nombre y representación de las víctimas, con el paso del tiempo establecí los límites de mis funciones y en qué cosas podía y no podía auxiliarlas. Hay que admitir que aún cuando aparentemente sea poco lo que uno puede hacer por las víctimas, es algo que difícilmente alguien más hará.  Es probable que mi única contribución consista en haber rescatado a una docena de víctimas del olvido, ayudar a sus familias a obtener información sobre ellas y presentar denuncias en la PGR. Eso puede parecer poco, pero en el contexto en el que se produjeron los hechos fue suficiente. Senté las bases sobre las cuales las familias pueden exigir justicia legalmente y presentar sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque eso dependa de ellas, no de mí. No es juicioso pretender ir más allá de las posibilidades reales o la voluntad de las víctimas.
Es muy importante que se evite generar falsas expectativas. En el caso de la desaparición forzada, es adecuado ayudar a la víctima a lidiar con la incertidumbre: no sabemos si su familiar está vivo o muerto, en eso consiste el hecho atroz de su desaparición. Fomentar en la víctima la idea de que está necesariamente vivo o la de que algo que ella haga puede ocasionarle la muerte, sólo ocasiona más dolor y frustración a largo plazo.  Desde luego, llega un punto en el que, después de 30 o 40 años las víctimas se enfrentan con la realidad de que ya no es físicamente posible que su familiar siga con vida (por edad o por enfermedad). En esos casos no se debe desalentar la lucha, sino mostrar que legalmente el derecho a la verdad, al duelo y a dar una sepultura digna a los deudo, sigue intacto.

Los focos rojos
La convivencia intensa entre el investigador y las víctimas puede dar lugar a situaciones complicadas, en las que se presentan los inconvenientes de cualquier relación humana. No es infrecuente que la víctima demande apoyo económico del investigador o que le pida otros favores que no son de su incumbencia. Se trata de dilemas éticos difíciles de sortear. Si la víctima está en una situación desesperada es inevitable negarle un gesto de solidaridad. Sin embargo, esta práctica puede volverse recurrente. La mayoría de las víctimas de Estado se encuentran en una situación económica deplorable, a consecuencia de los abusos de que fueron objeto. No es idóneo que el investigador ofrezca siempre su mano amiga, pues puede ser visto por la víctima como un benefactor, y al momento en que retire ese apoyo material o moral, puede ser percibido como enemigo y recibir las acusaciones más descabelladas (por ejemplo, la de usar a las víctimas con fines instrumentales para obtener información, entre otras). Lo más sensato para el investigador sería sugerir a la víctima lugares a los cuáles acudir para recibir apoyo económico, material, psicológico, etc., sin comprometerse a brindarlo personalmente.
Durante algún tiempo, a mis 24 años y con ingresos magros, sentí que era mi obligación ayudar a los familiares de los desaparecidos, porque nadie más lo hacía.  Si bien encontré algunas víctimas que, por el contrario, sentían que era su deber apoyarme monetariamente con mi investigación, que era autofinanciada, también encontré a otras que pensaban que la sociedad estaba en deuda con ellas y que todos éramos responsables de su sufrimiento, por no haber mostrado interés ni solidaridad ante sus tragedias individuales y colectivas.  Había víctimas que sólo pedían favores cuando en realidad lo necesitaban, en cambio, había otras que, no contando con actividades remunerativas, se dedicaban a pedir dinero o a buscar beneficios derivados de su posición de víctimas. En estos casos tuve desacuerdos profundos que derivaron en roces, e incluso en choques frontales. Recientemente me enteré que hubo una víctima que pidió dinero a mi nombre, argumentando que yo haría un peritaje histórico sobre el caso de su madre desaparecida. Este hecho reprobable es sólo el pináculo de una serie de actitudes erráticas de alguien que tuvo la astucia de manipular a varias personas amparándose en su discurso de víctima. Cuando se suscitan estos hechos desagradables, no queda más que asumir los errores propios y deslindarse públicamente de prácticas deshonestas.  Aún cuando el abuso de confianza por parte de una víctima es más bien la excepción y no la regla, el investigador debe estar prevenido contra él. De ninguna manera se trata de linchar a la víctima (por eso me he ahorrado el nombre de mi timador), sino de alejarse de ella y señalar (en público o privado, según lo demande el caso) las razones por las que no se puede tener ningún vínculo con ella.
Otro hecho, menos grave, pero sobre el que también debe ser advertido el investigador es el de las relaciones interpersonales con las víctimas. No es extraño que se produzcan relaciones de compañerismo y amistad, y en casos excepcionales, de noviazgo. Es fácil mantener una relación sana y cordial cuando no se transgreden las fronteras claramente establecidas desde un inicio. En caso contrario, las relaciones se pueden deteriorar drásticamente. El investigador debe ver un foco rojo cuando la víctima empieza a entrometerse con su vida privada, opinando sobre cuestiones muy personales. Es natural que las víctimas consideren que, así como ellas se han abierto con el investigador, contándole asuntos íntimos, tienen derecho a preguntar al investigador sobre su vida. El investigador debe dejar en claro que su interés por la víctima no es personal, mucho menos morboso, sino que es fundamentalmente profesional y humanitario. Así, mientras que el testimonio de la víctima redunda en un beneficio para la causa legal, el que la víctima sepa la vida privada del investigador no tiene ningún valor. Si el investigador insiste en abrir su intimidad hacia las víctimas, puede desencadenar reacciones humanas típicas, que pueden convertirse en un obstáculo para el trabajo y en un dolor de cabeza a nivel emocional.  


[1] Mi concepto de víctima abarca: 1) a los exmilitantes de organizaciones político-militares que sufrieron tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada temporal, procesos penales irregulares y otros abusos a sus derechos humanos; 2) a los civiles que sufrieron los mismos abusos a consecuencia de sus relaciones de parentesco, amistad o vecindad con los insurgentes, y 3) a los familiares de las víctimas de desaparición forzada, reconocidas como tales por el derecho internacional humanitario.

jueves, 14 de febrero de 2013

14 de febrero de 1974, Nepantla, galería virtual

Estas son las únicas fotos conocidas hasta ahora de la masacre de Nepantla de 1974. Por respeto a los familiares de los deudos, no se incluye la mayoría de las fotos, que corresponden a los cadáveres de cinco militantes.

https://plus.google.com/photos/100451941198701923099/albums/5844863229191807937/5844863231642470034

martes, 12 de febrero de 2013

10 años recuperando la memoria histórica y nota sobre el presente.


10 años recuperando la memoria histórica

En marzo de 2003 empecé a asistir a actividades relativas al periodo conocido como la guerra sucia mexicana. Esos eventos, marginales y modestos, reunían a un puñado de exguerrilleros que sobrevivieron a la tortura, la cárcel e, incluso, la desaparición forzada, así como a sus familiares y amigos. Los objetivos eran múltiples, pero no erraría al asegurar que el central era la reivindicación de los cientos de militantes “caídos en la lucha”. Para algunos -pesimistas respecto a las posibilidades de la alternancia democrática y la promesa foxista de investigar los abusos del pasado- dicha reivindicación debía consistir únicamente en rescatar la memoria de la lucha guerrillera, haciendo frente a quienes por décadas la habían satanizado o pretendían minimizarla.  Para otros, en cambio, sólo la exigencia de una justicia pronta y expedita para las víctimas ameritaba correr el riesgo de develar la pesada cortina de impunidad y silencio que cubría aquellos ominosos hechos.

El movimiento armado socialista mexicano no se caracterizó por grandes combates o golpes espectaculares, no hubo siquiera columnas que se hubieran batido cotidianamente contra el ejército. Sin ignorar ni menospreciar las acciones contundentes o de gran resonancia mediática, como los secuestros y algunos actos de sabotaje, podría decirse que las actividades guerrilleras a lo largo de 18 años (1964-1982) fueron escasas y de bajo impacto. No, el movimiento definitivamente no estuvo hecho de hazañas sino de muertos, un número de muertos y desaparecidos que ha sido negado o subestimado hasta el hastío por diversos actores, tanto oficiales como extrainstitucionales, sin ninguna investigación de por medio. Así, no es de extrañar que casi todas las actividades conmemorativas de aquella guerra se centraran en homenajear a los ausentes, contribuyendo a la creación de hagiografías revolucionarias. Cada drama individual nos aproximaba a descifrar la paradoja de por qué hubo más caídos que participantes en acciones armadas. Después de analizar todos los casos en conjunto, a nadie podría caberle la menor duda de que hubo un complejo organizado y dispuesto para violar el debido proceso, perseguir, asesinar, matar, torturar, desaparecer y encarcelar no sólo a los opositores sino a sus redes sociales, de una forma que, si bien no tuvo el carácter industrial del nazismo, se desarrolló planeada, maquinal y sistemáticamente.

No me resulta fácil hacer un recuento aunque sea mínimo de lo que han entrañado estos diez años de aprendizaje, investigación, escritura, búsqueda de los desaparecidos y lucha por la justicia, sin embargo, en relación con el tema, quisiera compartir la preocupación que me embarga desde que la llamada “narcoguerra” desbordó a las instituciones y a la sociedad misma, desplazando por completo el incipiente interés público por la “guerra sucia”. Mi investigación académica comenzó en el otoño de 2003, exactamente tres años antes de que Felipe Calderón declarara la guerra al crimen organizado.  El primer episodio que decidí investigar fue la masacre de Nepantla de 1974, en la que siete militantes de las FLN fueron atacados por sorpresa por la Policía Militar en una casa de seguridad, sin posibilidad de defenderse. Esta indefensión es la que me llevó a asegurar que los cinco militantes caídos habían sido ejecutados extrajudicialmente y no muertos en combate. La reconstrucción del ataque y su historia profunda (¿quiénes eran las FLN, qué hacían en Nepantla y cuáles fueron las consecuencias de este episodio?) me llevó varios meses de trabajo de archivo y de campo. Probablemente después de seis meses tuve una idea más clara sobre los protagonistas, sus actividades clandestinas y el desenvolvimiento de los hechos en el transcurso de la noche del 14 de febrero de 1974. Esta idea, que creía convincente y acabada, fue desafiada por nuevas investigaciones, especialmente la que hizo Luisa Riley para el documental “Flor en Otomí”. Yo me inclino por pensar que la saña con la que actuó la Policía Militar en Nepantla se debe a la coincidencia con el ataque de una escolta militar en Xalostoc, perpetrada por la Liga Comunista 23 de Septiembre, la misma noche del 14 de febrero, el cual tuvo un saldo de cuatro soldados muertos. Para Luisa, en cambio, se trataba de una cuestión directamente asociada con Luis Echeverría, quien tenía una casa de campo en Nepantla y, de algún modo, se habría sentido invadido en su feudo. Aunque por aquellos días Echeverría se encontraba de gira por Europa y el responsable de la seguridad nacional era el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, la hipótesis a la que podría denominarse como la del “señor feudal” también tiene elementos a su favor.

La investigación de la matanza se disparó en varias direcciones, despertando el interés de algunas personas por el tema, lo cual se vio reflejado en artículos (de divulgación o académicos), exposiciones  fotográficas y documentales. Nepantla se convirtió en una metonimia de la guerra sucia y Dení Prieto en el símbolo femenino de una generación de guerrilleros mexicanos. Nepantla, que no era más que un trozo de hielo diminuto en la punta del iceberg. Sin embargo, el peso del terror de Estado de aquellos años debe cifrarse en lo cualitativo, más que en lo cuantitativo.  Por eso, cada que alguien intenta minimizar la acción del Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, es necesario enfatizar que los niveles de sevicia de la guerra sucia están directamente vinculados con la violencia desproporcionada y espectacular del crimen organizado (el cual desde luego amplió y perfeccionó la metodología del terror). El origen del mal radical está en el mal radical que lo precedió. En términos factuales, no es difícil establecer las conexiones entre la antigua escuela de torturadores de los cuerpos policiacos y paramilitares y la escuela del sicariato. Muchos militares de alto rango implicados en la contrainsurgencia también se convirtieron en piezas clave en las estructuras de los cárteles. Dos de los presidentes que participaron en la guerra sucia, jugaron un papel –por aquiescencia, acción u omisión– en la conformación de las redes del crimen organizado y el tráfico de estupefacientes. Al estudiar ese complejo entramado de intereses político-económicos se pueden advertir claramente los paralelismos y las imbricaciones entre ambos procesos, así como la simbiosis originaria entre la clase política y el crimen organizado. El mal es ciertamente un rizoma. En este caso, una de las raíces va directamente de la guerra sucia a la narcoguerra.

Nota sobre el presente
La narcoguerra ha opacado completamente los acontecimientos de las décadas de los sesenta y setenta, tanto cuantitativa como cualitativamente. Durante mi trabajo de campo fue frecuente escuchar testimonios de personas que habían sido torturadas con toques eléctricos. En la actualidad, los criminales torturan con soplete, ya sea para “dar una calentada” o para arrancar miembros del cuerpo, provocando una agonía terriblemente larga y dolorosa. ¿Qué es la picana al lado del soldador? La guerra sucia, pese a sus dramáticos episodios de terror estatal y su cúmulo de atrocidades inauditas, fue tan sólo un pequeño anticipo de lo que sería la narcoguerra. Pensar en la masacre de Nepantla, en el significado político y personal que tuvo para los sobrevivientes de las FLN (fundadores, por cierto, del EZLN), en el dolor que vivieron por décadas los familiares de los caídos -a quienes ni siquiera se les permitió recuperar los cuerpos-, y en los esfuerzos que muchas personas hemos hecho por rescatar esta memoria, evidencia la existencia de dos actitudes antagónicas ante la historia y ante la moral: una que resignifica la agencia y el valor de la vida de cada individuo y otra que los niega radicalmente. Esta última, por desgracia, es la que se ha extendido como un cáncer en todo el tejido social.

Es difícil imaginar qué será del México del siglo XXI, en donde predominan los combates diarios, los "daños colaterales", las masacres presentadas como enfrentamientos entre criminales, las prácticas de tortura llevadas a extremos bestiales y grotescos. ¿Quién investigará con paciencia y denuedo una sola de las cientos de masacres para hallar a los culpables? ¿Quién podrá encontrar el significado profundo de estas cantidades industriales de horror? ¿Quién se atreverá a romper el silencio que se hace en torno a los que gritan y claman justicia? ¿Quién podrá convencer a una sociedad enferma de miedo que la seguridad no tiene nada que ver con acumular cifras de criminales abatidos? Porque ciertamente, los números que se suman día con día a los más de cien mil muertos, veinte mil desaparecidos y decenas de miles de torturados, no comunican ningún mensaje, más allá de infundir miedo y desesperanza.

La narcoguerra ha destruido los valores humanos con los que operábamos hasta antes del 2006. Hemos perdido la dimensión de cuántos muertos son muchos y cuánto deben importarnos. Hemos optado por cerrar los ojos o concentrar la mirada en cualquier fragmento de la pared que no esté manchado de sangre. El miedo a ser baleados, secuestrados, desaparecidos o descuartizados ha provocado que seamos indolentes hasta la ignominia. La única filosofía de vida que priva es la del cinismo y la desfachatez, bajo el lema: “mientras a mí no me toque, me vale”. No importa cuánta retórica gasten algunos en decir que la guerra les importa, su pasividad los desmiente.

Estudiar la masacre de Nepantla me convenció de que ninguna contribución para recuperar la memoria o luchar por la justicia es irrelevante. Un solo esfuerzo individual, llevado a cabo de manera tenaz y sostenida, puede desencadenar procesos benéficos, y si tal esfuerzo se emprende de forma colectiva, puede resultar en algo realmente grande. Por ello, no podemos renunciar a la búsqueda de la verdad y la justicia, para todos y cada uno de los agraviados por los crímenes que se han cometido al amparo de instituciones corrompidas, desde los sesenta hasta la fecha. La lucha contra un mal que parece químicamente puro es la única forma efectiva de recuperar nuestra humanidad y oponerla al salvajismo y la barbarie. Y sí, debemos voltear al pasado, porque nunca es tarde para combatir la raíz del mal. 

viernes, 29 de junio de 2012

Los desaparecidos políticos de la guerra sucia mexicana (1965-1982)

Elisa Irina Sáenz Garza (1946-?) es una de las grandes heroínas semi-anónimas de la historia mexicana contemporánea. Maestra de kínder, socialista, revolucionaria, Elisa fue detenida por el ejército mexicano el 21 de marzo de 1974 en la Selva Lacandona de Chiapas y fue torturada, violada y sometida a toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes. El gobierno de Luis Echeverría le negó el derecho a una defensa jurídica, la encerró en las mazmorras clandestinas del Campo Militar No. 1 y nunca la presentó ante ninguna autoridad judicial. Los subsecuentes gobiernos del PRI y el PAN se negaron a investigar y castigar a los responsables de este crimen de lesa humanidad. Hasta el día de hoy, Elisa se encuentra en calidad de detenida-desaparecida, sin que absolutamente ninguna autoridad haya explicado su paradero, ni el de otros 1500 desaparecidos políticos de la llamada "guerra sucia". 
El partido encargado de la desaparición de cientos de ciudadanos durante los sesenta y setenta del siglo XX nunca rindió cuentas, no reveló la verdad, no expulsó de su partido a los responsables de estos delitos ni pidió perdón a la sociedad. Y no sólo eso, sino que desde aquellos años premió a los policías y militares que perpetraron estos ilícitos con la administración del negocio del narcotráfico, el principal flagelo que enfrenta México en el siglo XXI. 
Con las manos manchadas de sangre, en la total impunidad, el PRI que exterminó a la izquierda revolucionaria y promovió el narcotráfico, pretende regresar al poder y el voto femenino será determinante para que este hecho se concrete o se anule. Convoco a las mujeres a quienes les llegue mi mensaje a que tengan un minuto de empatía por aquellas que sufrieron el mismo destino de Elisa Irina, así como también a que piensen en el sufrimiento que durante cuatro décadas han arrastrado sus familiares, al no saber nada sobre su paradero. Un voto por el PRI no sólo es una burla al dolor de estos compatriotas, sino también una forma de decir que le damos la bienvenida a quienes son capaces de asesinar, torturar, violar y desaparecer civiles en la total impunidad. Los administradores de este blog se suman al llamado de la sociedad civil organizada: ¡no más terror! ¡alto a la impunidad! Este primero de julio del 2012 ¡Ni un voto al PRI!


En este link se pueden ver más fotografías de desaparecidos políticos: 

domingo, 22 de abril de 2012

Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite, el genocida asesinado


Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite (1942-2012) era hijo del Gral. Brigadier Francisco Acosta Chaparro, egresó del Colegio Francés Hidalgo para inscribirse en el Colegio Militar, de donde salió en 1962 como Subteniente de Infantería. Para 1968 ya era Capitán Segundo de Infantería (al parecer fue ascendido por su actuación en el Primer Batallón de la Policía Militar, durante aquel emblemático año). En 1970 tomó cursos en los Fuertes Bragg y Benning y en 1974 fue nombrado Mayor de Infantería y se integró al Cuartel General de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. El grado más alto que alcanzó fue el de Coronel de Infantería, en 1984, aunque años después fue elevado a General Brigadier. Durante el gobierno de Rubén Figueroa fue nombrado jefe de todas las corporaciones policiacas de Guerrero (sin renunciar a la Brigada de Fusileros) y en 1981 pasó a ocupar el cargo de Director General de Seguridad Pública del estado de Veracruz. A diferencia del expediente de Quirós, en el que no hay ninguna alusión a la lucha “antisubversiva”, en el suyo aparece que por órdenes verbales del Secretario de la Defensa, fue comisionado a la 27ª ZM, en donde cooperó en la destrucción de la “gavilla” de Lucio Cabañas.[1]
Sobre Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro pesa la acusación de haber asesinado a sangre fría al mayor número de detenidos-desaparecidos durante la “guerra sucia”, por lo que su boyante trayectoria en el seno de las instituciones no fue en lo absoluto fortuita.


[1] AHS, Ramo Público, Comisión Segunda de la Defensa Nacional, C. Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite, Ratificación de su grado de Coronel de Infantería, 28 de septiembre de 1984, Exp. 137 f. 19. Una síntesis de los expedientes de Quirós y Acosta se puede consultar en: Juan Veledíaz, “Al servicio de la represión”, Proceso, no. 1353, 6 de octubre de 2002, México, p. 6-11.

viernes, 27 de enero de 2012

El agente LITEMPO-12 de la CIA mejor conocido como Miguel Nazar Haro

Julius Fucik, el comunista checo asesinado por la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial, conminaba a las futuras generaciones a nunca olvidar a las figuras, pero tampoco a las figurillas. Dejó así asentada su última voluntad en su célebre Reportaje al pie de la horca: "No olvidéis ni a los buenos ni a los malos. Reunid con paciencia los testimonios de los que han caído por sí y por vosotros. Un día, el hoy pertenecerá al pasado y se hablará de una gran época y de los héroes anónimos que han hecho historia. Quisiera que todo el mundo supiese que no ha habido héroes anónimos. Eran personas con su nombre, su rostro, sus deseos y sus esperanzas y el dolor del último de los últimos no ha sido menor que el del primero, cuyo nombre perdura. Yo quisiera que todos ellos estuviesen cerca de vosotros, como miembros de vuestra familia, como vosotros mismos. Los nazis han exterminado a familias enteras de héroes. Amad por lo menos a alguno de ellos, como si fuese un hijo o una hija, y sentios orgullosos de él como de un gran hombre que ha vivido para el futuro. Cada uno de los que han servido fielmente al futuro y han caído por hacerlo más bello, es una figura esculpida en piedra. Y cada uno de aquéllos que, con el polvo del pasado, han querido construir un dique para detener la revolución, no son más que figurillas de madera, aunque tengan los brazos cargados de galones dorados. Pero es necesario ver también las figurillas vivientes en su infamia, en su imbecilidad, en su crueldad y en su ridículo, porque es un material que nos servirá para el futuro".
Yo quiero traer a la memoria la vida y obra de una de esas figurillas, que hoy lamentablemente ha partido sin que se haya hecho justicia. Les comparto un breve extracto de mi investigación sobre este personaje que sin duda, fue uno de los rostros más sórdidos de la guerra sucia mexicana, y que a la tumba se ha llevado el secreto sobre el paradero de un millar de desaparecidos políticos.

Miguel Nazar Haro (Primera Parte)
Miguel Nazar Haro (Tuxpan, Ver., 26 de septiembre de 1924 – Ciudad de México, 26 de enero de 2012), estudió en colegios maristas e inició la carrera de Derecho en la ciudad de Monterrey. Sin haberla concluido, se incorporó como agente a la DFS el 16 de febrero de 1960 y en 1964 fue comisionado como escolta de los padres de Gustavo Díaz Ordaz. Por una recomendación de ellos, fue enviado a tomar cursos en la Academia Internacional de Policía de Nueva York y a su regresó ascendió y escaló todas las posiciones existentes al interior de la DFS, hasta llegar a ser su Director en el periodo 1978-82.[1] 

A fines de 1965 fue nombrado comandante del Grupo de Investigaciones Especiales C-047, especializado en el combate a las guerrillas urbanas y en el que originalmente participaban tan sólo veinte elementos.[2] La CIA lo bautizó como LITEMPO-12. Fue el torturador más famoso de la “guerra sucia” y tomó entre sus manos los casos más difíciles (secuestros de empresarios y políticos, expropiaciones millonarias, fugas de presos, bombazos espectaculares, etc.).[3] Pese a no contar con carrera militar, fue nombrado teniente coronel, en atención a la eficacia de sus servicios. Como Subdirector Federal de Seguridad (1970-1978), mantuvo una estrecha coordinación con la Brigada Antiguerrillera de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia de la Dirección General de Policía y Tránsito desde 1972, y fue el principal promotor de la creación de la Brigada Blanca, en 1976. Fue Director Federal de Seguridad entre 1978 y 1982.

En 1981 Nazar fue investigado por el FBI por su participación en una red que desde 1975 se dedicaba al robo y contrabando de automóviles de lujo, que eran llevados de EUA a México y fue llamado a comparecer en la Corte de San Diego, que lo encontró culpable y lo encarceló.[4] La CIA ordenó entonces su inmediata liberación, lo que motivó que el procurador de San Diego, William H. Kennedy, diera a conocer que Nazar era la fuente de información más importante de la agencia en México y Centroamérica en relación a las organizaciones guerrilleras.[5] El inculpado pagó una fianza de doscientos mil dólares y huyó a México, violando el arraigo al que estaba sometido. Ninguna autoridad mexicana retomó las acusaciones en su contra. El hecho de que quien fuera el cuarto hombre más importante de los servicios de inteligencia durante la década de los setenta fuese simultáneamente un agente a sueldo de la CIA, no se traduce necesariamente en que la DFS fuera una sucursal de dicho organismo, pero sí denota el grado de penetración de los Estados Unidos en los asuntos internos de México.[6]



[1] La Academia Internacional de Policía, creada en 1962, fue clausurada en 1974 por las denuncias en torno a que sus responsables promovían la tortura y la brutalidad policial.
[2] En 1999, Nazar fue citado a declarar ante el MP porque un exsoldado acusó a los agentes de la extinta Brigada Blanca de haber sido los autores intelectuales del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. En su declaración, dada a conocer a los medios, por primera vez Nazar dejó constancia de su trayectoria como investigador. “De su propia boca: Nazar Haro fue el creador de la Brigada Blanca”, Proceso, México, no. 1252, 30 de octubre del 2000, p. 16.
[3] Nazar jamás admitió haber sido torturador. En las entrevistas gustaba señalar que para doblar la voluntad de los terroristas asumía personalidades amistosas, de mando, de conocimientos revolucionarios, de experiencias tácticas, de abanderado libertador, de bromista y de sentimental. Nunca se refirió a los brutales métodos de tortura empleados en la DFS, ni siquiera atribuyéndolos a sus subalternos. Raúl Monge, “Los rostros de Nazar Haro”, Proceso, no. 1425, 22 de febrero de 2004, México, p. 27.
[4] El número de autos robados ascendía a cuatro mil y una parte de ellos era empleada por la Brigada Blanca para secuestrar a “subversivos”, mientras que el resto era vendido a funcionarios públicos. Otro de los acusados era el hijo de Javier García Paniagua, Javier García Morales. En el mismo proceso se ventilaron las relaciones entre Nazar y el mundo del narcotráfico. Rafael Rodríguez Castañeda, “Jefes y agentes de la Federal de Seguridad, partícipes en la compraventa de autos robados”, Proceso, no. 249, 10 de agosto de 1981, México, p. 6-9.
[5] Esta revelación le costó a Kennedy el despido. “Por ser su informador más importante, la CIA frena su juicio contra Nassar Haro”, Proceso, no. 282, 29 de marzo de 1982, México, versión electrónica en CD; Rafael Rodríguez, “Nazar, prófugo de la justicia de EU”, Proceso, no. 288, 10 de mayo de 1982, México, versión electrónica en CD.
[6] “La Federal de Seguridad, sucursal de la inteligencia norteamericana, dicen funcionarios de Estados Unidos”, Proceso, no. 283, 5 de abril de 1982, versión electrónica en CD; “Nassar, importante, pero sólo pieza en la vieja sociedad DFS-CIA”, Proceso, no. 284, 12 de abril de 1982, p. 6-11. No existe aún una investigación que pruebe si en verdad la CIA canalizaba miles de dólares al año a la DFS y si ésta en efecto funcionaba como una rama más del servicio de inteligencia estadounidense.

domingo, 2 de octubre de 2011

lunes, 5 de septiembre de 2011

Los crímenes de lesa humanidad bajo el pretexto de la guerra contra la delincuencia organizada

Escribí este ensayo en el contexto de las actividades de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada por la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, en mayo del 2011. No soy experta en el tema y considero que debería hacer una investigación más profunda para sustentar algunos de los puntos de vista que expongo. Así, aún cuando este texto es muy básico y no es del todo compatible con la temática de este blog, lo socializo con la intención de escuchar otras opiniones y sugerencias. Cualquier intento de polemizar es más que bien venido.


Los crímenes de lesa humanidad bajo el pretexto de la guerra contra la delincuencia organizada
            Para abordar este complejo asunto, procederé a elucidar las causas de la llamada “guerra contra el crimen organizado” y en un segundo momento hablaré del tipo de crímenes de Estado que se están cometiendo y que ameritan responder a la pregunta de si acaso somos los testigos mudos de un genocidio de proporciones nunca antes vistas en el México contemporáneo.
Desde que, en medio de un profundo cuestionamiento a su legitimidad, Felipe Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006, el acontecer nacional gira en torno a una guerra que le fue impuesta a la ciudadanía sin ninguna consulta previa. El terror se ha escalado, se ha naturalizado y ha cobrado unas dimensiones que no parecen humanas y, en medio de la vorágine, la sociedad aturdida intenta buscar respuestas a un fenómeno que rebasa por mucho nuestra capacidad de entendimiento, pues se desarrolla con una celeridad que impide cualquier asimilación de lo ocurrido.
            Algunos analistas políticos han fomentado la visión de que el presidente inició la guerra con el objetivo de ganar legitimidad frente a la población, al posicionarse como el primer presidente que tuvo el valor de afrontar al crimen organizado. A la distancia, el análisis parece ingenuo, pues Calderón ha demostrado de forma reiterada la poca importancia que le confiere a la opinión, los intereses y las demandas de un amplio sector de la ciudadanía que no está de acuerdo con su estrategia de guerra. Por el contrario, desde el inicio de su sexenio han sido notables sus esfuerzos por consolidar sus relaciones con un segmento del empresariado (en especial, con los dueños de los medios de comunicación) y, sobre todo, con el gobierno estadounidense. Asimismo, Calderón ha comprado la lealtad del alto mando del ejército con considerables aumentos salariales, con la ampliación de la autonomía y las atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y con la garantía de impunidad absoluta hacia las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el instituto armado en el pasado y el presente.
            Descartada la hipótesis de la búsqueda de legitimidad, ¿cuál es el origen de esta guerra que a simple vista parece un acto absurdo de autoritarismo presidencial? Aún cuando todavía falta mucha investigación fina por hacer, las revelaciones de Wikileaks han sido útiles para probar de manera fehaciente la red de complicidades que se tejió en contra del ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. En uno de los cables se aprecia que una de las razones por las que los Estados Unidos se esforzaron por impedir que la izquierda llegara al poder fue para aislar al gobierno de Hugo Chávez en la región del circuncaribe. Sin embargo, esa no fue la única, ni la más importante. El gobierno de George Bush requería de un homólogo en México con el que tuviera un pleno entendimiento ideológico en el terreno de la política belicista, en el tema del petróleo, en el tratamiento a las cuestiones del narcotráfico y la migración. Es altamente probable que Calderón hubiera negociado estos temas con la Casa Blanca mucho antes de asumir la presidencia. De hecho, esos cuatro rubros han dominado la agenda de las conversaciones bilaterales en los últimos cuatro años.
            Ante el pronóstico de la inviabilidad de mantener la ocupación ilegal de Irak por parte del ejército estadounidense, la Casa Blanca enfrentaba la necesidad de mantener en activo a su industria armamentista, que históricamente ha sido uno de los pilares de su economía. La fabricación de una nueva guerra en Oriente Medio o en alguna otra región del mundo no era viable en el corto plazo, no así un conflicto de baja intensidad que pudiera controlarse de inicio a fin. El escenario idóneo era México pues, dada la frontera compartida, los Estados Unidos podrían operar libre, pero encubiertamente, a lo largo y ancho del territorio, como lo han venido haciendo a través de la Iniciativa Mérida, violando de forma sistemática la soberanía nacional. Lo que parecía una suspicacia paranoica se confirmó al revelarse la existencia de la Operación “Rápido y furioso”, que implicó el tráfico masivo de armas hacia México entre 2009 y 2010 con destino al mercado negro, con la nada creíble justificación de poder detectar a los traficantes de armas de la delincuencia organizada (recordemos que nadie ha caído preso a raíz de este operativo). Estados Unidos es desde hace años el mayor exportador de armas en el mundo y nunca ha mostrado reticencia por vender armas a las dos partes en conflicto, aún cuando retóricamente tome partido por una de ellas.
            Otro elemento, más importante aún, es el papel del narcotráfico en la economía estadounidense. Con una población fluctuante aproximada de 30 millones de adictos a los estupefacientes (de un total de 200 millones en el mundo), Estados Unidos es el principal consumidor de drogas y, al mismo tiempo, el máximo beneficiario de su comercialización, debido a que el principal destino del lavado de dinero de los poderosos cárteles mexicanos es la unión americana. Manipular los precios de las drogas a través de una guerra artificial resultaba, a los ojos de los que no pondrían los muertos, un negocio absolutamente rentable.
Aún antes de la crisis económica mundial que se originó en los Estados Unidos a partir de 2008, bancos norteamericanos lavaron con gran facilidad las ganancias de la mafia mexicana. Bancos como el Wachovia Bank, que lavó 378 mil millones de dólares (el equivalente a la tercera parte del PIB de México), pagó su rescate bancario con ese dinero, lo que le permitió fusionarse con el gigante bancario Wells Fargo.[1] La ingenuidad no puede tener cabida: semejantes cantidades de capital no pueden circular sin que el gobierno más poderoso del mundo se percate de lo que está en juego. Tampoco podemos pasar por alto las investigaciones que han documentado el activo papel que la CIA ha tenido desde la segunda mitad del siglo XX en el control del negocio del narcotráfico como una fuente de financiamiento de primer orden para sus múltiples operaciones secretas.[2]
            Al respecto, se debe cuestionar otra de las interpretaciones predominantes respecto a la narcoguerra, a saber, la alianza entre Felipe Calderón y el cártel del Pacífico (CP o cártel de Sinaloa) liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán. Como lo han documentado diversos periodistas, mientras el PRI mantuvo pactos con los distintos cárteles, la alianza entre el PAN y el CP fue forjada durante el foxismo y reforzada por Calderón, no obstante, la elección de este cártel no fue ni siquiera una decisión del gobierno mexicano o del PAN sino, una vez más, algo que se maquinó desde Washington, D.C. Fue Vicente Zambada, hijo del legendario “Mayo” Zambada, quien hace un par de meses ventiló los vínculos de su cártel con la DEA, el FBI y la Oficina de Control de Aduanas. Más allá de la monumental corrupción institucional que caracteriza los dos lados de la frontera, cabría preguntarse por qué los EU han privilegiado al cártel del Pacífico por encima de todos los demás. Esto puede deberse a que es, desde hace décadas, el cártel más rico y poderoso de la mafia mexicana y puede tener algo que ver con el hecho de que, desde sus orígenes en la década de los sesenta del siglo XX, este cártel ha sido fundado, promovido y protegido por policías y militares mexicanos de primer nivel que, a diferencia de lo que ocurre con otros cárteles, no han desertado de sus instituciones y fungen como intermediarios entre el mundo legal y el paralegal. Por lo tanto, el Cártel de Sinaloa es una entidad sobre la que se puede ejercer cierto control.
Aún cuando faltan más elementos para reforzar estas aseveraciones, no cabe la menor duda de que los Estados Unidos libran en México una guerra que compete casi de forma exclusiva a sus intereses económicos. Lo que la vox populi atribuye al potencial maquiavélico de Calderón, es en realidad una estrategia pensada, diseñada e implementada desde los Estados Unidos. Prueba de ello es que mientras al interior del país Calderón es criticado y considerado como un gobernante sordo y obstinado, las potencias extranjeras –principalmente Estados Unidos– lo felicitan por su labor y le otorgan reconocimientos merecidos desde el punto de vista de lo que ellas esperaban obtener. Lo que los Estados Unidos proyectó, en concreto, era la creación de un Estado fallido, que sólo conservara su potencial coercitivo para reprimir a la sociedad civil organizada, pero que con su debilidad institucional justificara una mayor intervención norteamericana en los asuntos internos de México.
Otro de los mitos a derribar concierne precisamente a la idea de que Calderón se ha equivocado gravemente de estrategia, que las cosas se le han salido de las manos y que, como el principiante de brujo caracterizado por Goethe, con sus conjuros mal hechos ha desatado fuerzas que no puede controlar. Calderón se ha limitado a seguir los mandatos supremos de una oligarquía trasnacional que desde hace ya tres décadas impuso el modelo económico neoliberal. Como es bien sabido, el neoliberalismo es una especie de anarquismo de ultraderecha –valga la expresión– que obliga al Estado a practicarse un harakiri en aras de la libertad de mercado. Bajo ese modelo el Estado conserva sus funciones administrativas pero reniega de sus atribuciones para regular la economía y para administrar los recursos naturales estratégicos, y abdica de sus obligaciones sociales, tales como la educación, la salud, la cultura, la inversión en el campo y la creación de empleos. Aunque las políticas neoliberales no han terminado de consolidarse en nuestro país, las intenciones del actual gobierno respecto a privatizar los recursos naturales (como el petróleo) y a disminuir el gasto social en beneficio de un aumento exponencial del gasto militar, han sido puestas en marcha.
La estrategia de imponer una guerra desregulada obedece también a una lógica de mercado, donde las fuerzas compiten libremente hasta que la más fuerte se impone sobre las demás. El gobierno de Calderón claramente ha permitido la privatización de la violencia y ha favorecido al cártel de Sinaloa con el objetivo de debilitar a los cárteles restantes. El gobierno federal es conciente de que no puede destruir a todos estos cárteles, debido a su poder económico y a las alianzas que éstos han tejido con diversos actores de la clase política y el ejército, así que el objetivo no es acabarlos sino restarles poder económico y territorial, pavimentando así el camino a una concentración monopólica del CP.

La estrategia
El ideólogo de ultraderecha estadounidense, especializado en teoría militar, William S. Lind, hizo una clasificación de las guerras modernas por generaciones. La cuarta generación, que es la que más nos interesa, representaría una ruptura radical con las guerras convencionales, pues los Estados pierden el monopolio de la violencia y hacen frente a unidades irregulares, grupos guerrilleros y células terroristas, cuyas estrategias de combate son ajenas por completo a las de la guerra convencional.[3]
Así, aún cuando en su aparente esquizofrenia Calderón acepte algunas veces que estamos en guerra y otras lo niegue, lo que se está viviendo en México es, sin lugar a dudas, una guerra de cuarta generación. El Estado neoliberal ha permitido que la narco-oligarquía organice sus propios ejércitos paramilitares y, peor aún, que éstos tengan dominios territoriales exclusivos. La militarización del país no tiene que ver con recuperar esas zonas perdidas, por el contrario, en territorios disputados entre los cárteles, el ejército ha intervenido intentando inclinar la balanza hacia alguna de las partes. Además, hay que tomar en cuenta que, fuera del alto mando, la lealtad de algunas corporaciones militares no está con las instituciones, ya que sus integrantes han negociado por su propia cuenta con los cárteles hegemónicos en su zona de operaciones. En todos los niveles de las instituciones de la república existen estas complicidades tejidas en torno a intereses económicos. No se trata de unos cuantos funcionarios corruptos, sino de un tipo de Estado que favorece la simbiosis entre el gobierno y el crimen organizado.
Calderón fue criticado por iniciar la guerra sin haber depurado a las corporaciones policiacas y militares, infiltradas hasta el tuétano por los cárteles. También ha sido criticado por emplear al ejército en funciones de policía, por la falta de inversión en el programa de erradicación aérea de cultivos de estupefacientes, por la ausencia de una política social de prevención de adicciones y por no haber golpeado la estructura financiera de los cárteles antes de iniciar hostilidades. Lo que debemos entender es que todo esto tiene una intencionalidad, no se debe al descuido, la negligencia o la estulticia de la clase gobernante. El que haya decenas de miles de muertos y desaparecidos y menos de una decena de averiguaciones previas por lavado de dinero es parte de la estrategia.
En un intento para atenuar las críticas por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el alto mando propuso que en ciertas zonas del país se decretara el estado de excepción, pues con las garantías individuales suspendidas, es más difícil, si no imposible, comprobar la comisión de delitos por parte de las fuerzas armadas, que en tal caso actuarían con un parapeto legal. La razón por la que el gobierno se ha negado a decretar el estado de excepción se debe a la necesidad de salvaguardar la imagen del país para no ahuyentar a la inversión extranjera, y por la misma razón, el discurso público del presidente tiende siempre a minimizar la gravedad de la guerra interna.
La negación de la realidad alcanza niveles grotescos. Así por ejemplo, mientras que alrededor de 110 ciudadanos norteamericanos fueron asesinados en México tan sólo en el 2010, Calderón se atrevió a decir que los turistas sólo han recibido shots de tequila.[4] Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos no puede exigir a Calderón que haga otra cosa distinta a la que le han ordenado, aún si ello implica la afectación de sus ciudadanos.
Otra de las razones por las que no se instituye el estado de excepción es para no afectar los procesos electorales, brindando así una estabilidad virtual para que la vieja clase política se mantenga en el poder.  Ésta hará todo lo posible por realizar reformas cosméticas para convencer a la población de que los cambios dentro de los márgenes del sistema aún son posibles, cuando en los hechos lo único que busca es negociar el reparto de los restos de lo que queda del Estado-nación. Por ende, su prioridad es la competencia electoral, por encima de cualquier iniciativa de saneamiento de las instituciones de la república, y ya no se diga, de un proyecto de nación. La fachada democrática, a los ojos del mundo, es el indicador de la funcionalidad de un sistema. Lo que no se dice es que la democracia mexicana es en realidad una mafiocracia que practica el terrorismo de Estado como si se tratase de una vulgar dictadura.
Sin embargo, el estado de excepción de facto es un hecho consumado. No importa cuán perfecto o perfectible sea el marco legal, puesto que el Estado mismo, cuya razón de ser es el establecimiento y observancia de una legalidad que regule las relaciones políticas, económicas y sociales (el llamado “pacto social”), se mueve constantemente dentro de la frontera entre lo legal y lo paralegal. Por un lado, la ley es aplicada y violada según convenga a los intereses de los grupos de poder, por otra parte, asistimos a la expansión de un orden paralegal, que no fue consensuado ni votado por nadie porque se configuró en la clandestinidad.[5] Es un orden paralelo para el que no tiene ningún sentido la dicotomía tradicional entre lo legal y lo ilegal, ya que él instituye su propia normatividad. La Ley de Seguridad Nacional propuesta por Calderón sólo vendría a dar un barniz legal a una situación completamente anómala.
 La renuncia a toda tentativa de control por parte del Estado ha derivado en la conversión de los grupos criminales en pequeños feudos. Éstos tienen su propia estructura jerárquica de poder (donde los jefes de los cárteles son gobernantes-empresarios), sus propios ejércitos, el control de porciones del territorio, sus propias leyes (particularmente la pena de muerte que aplican indiscriminadamente) y la garantía de control de la población mediante el terror. Además, se trata de narcos neoliberales, que a diferencia de los narcos-benefactores del pasado, no tienen interés en sacar a la población del rezago o en suplir las funciones sociales de un Estado ausente.
En esta paralegalidad siniestra, lo que antes pasaba por excepcional asciende a normalidad a través de la costumbre. El lenguaje frío y eufemístico con el que se pretende encubrir esta desregulación total, no hace sino reforzar la naturalización del terror e inhibir la capacidad de respuesta de la sociedad. Así, nadie se inmuta ya cuando escucha hablar de cabezas cercenadas, ejecutados, “levantones”, “narcofosas” o daños colaterales. Con relación a este fenómeno en general, Zygmunt Bauman observó atinadamente que:
A medida que crece la lista de atrocidades cometidas, también crece la necesidad de aplicarlas cada vez con mayor determinación para impedir que las víctimas hagan oír su voz y sean escuchadas. Y a medida que las viejas estratagemas se vuelven rutinarias y se disipa el horror que han sembrado entre sus víctimas, es necesario buscar urgentemente nuevas artimañas, aún más lacerantes y horrorosas. (Amor líquido, p. 115).
A partir de diciembre de 2006 todo empezó a girar en torno a la narcoguerra. Difícilmente podría encontrarse a un mexicano que se haya librado de hablar del tema en sus conversaciones del día a día, ya sea con dolor y preocupación, con indiferencia o con sarcasmo. La violencia, real o imaginaria, ha penetrado en cada poro de la sociedad mexicana, pero no sólo como agravio. La cultura de los narcos ha conquistado el imaginario colectivo y aparentemente estar en proceso de convertirse en hegemónica. La apología del delito y de los delincuentes ha permeado la vida cotidiana a través de narco-corridos, páginas web, videos musicales con mensajes semi-ocultos, etc. Los géneros musicales patrocinados por los narcos (música banda y grupera) son los que tienen más expansión a nivel nacional. Los cada vez más numerosos contingente de simpatizantes de los narcotraficantes se expresan libremente a través de las redes sociales virtuales. Su ascenso es imparable.
Contrariamente a la versión oficial, el problema no concierne a ciertas regiones geográficas alejadas del privilegiado centro político y económico del país. En la medida en que la guerra, lejos de terminar, se profundiza, son cada vez más las capitales de los estados que sucumben al poder económico y militar del crimen organizado. Indudablemente, el territorio y la sociedad están a merced de las luchas por el poder entre las distintas facciones de la narco-oligarquía. Es en este contexto en el que se están produciendo las violaciones a los derechos humanos más graves y sistemáticas de la historia mexicana reciente.

Crímenes de lesa humanidad: la línea que conduce del pasado al presente sin pasar por la justicia
La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio,  deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
En México contamos con tradiciones históricas de violencia de Estado e impunidad, que claramente constituyen delitos de lesa humanidad, e incluso genocidio. Podríamos remitirnos a la revolución mexicana o a la guerra cristera (aún cuando esos episodios se hubieran desarrollado al margen del derecho de guerra), pero el antecedente más inmediato de un conflicto en el que se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad es la guerra sucia de la década de los setenta y principios de los ochenta, cuando el Estado exterminó a las organizaciones guerrilleras y a sus bases de apoyo violando el estado de derecho vigente. Esta guerra está íntimamente vinculada a la actual, puesto que militares y policías contrainsurgentes fueron premiados con la administración de los negocios ilegales: secuestro, trata de mujeres, tráfico de autos robados y, por encima de todo, el narcotráfico. Podría ampliar este tema, pero sólo daré un dato que a mi modo de ver es el símbolo de la obscenidad del régimen político: en los mismos aviones Aravá en los que la Fuerza Aérea tiraba a los desaparecidos en el Océano Pacífico, se transportaba marihuana a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Uno de los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, no sólo no fue juzgado sino que fue absuelto de los cargos de narcotráfico que se le imputaban y se retiró con honores en 2007, para ser contratado inmediatamente por Calderón como uno de los asesores militares en operaciones encubiertas.
La “guerra sucia” sirvió como un laboratorio de experimentación en futuras guerras. El gobierno aprendió a no utilizar abiertamente al ejército para destruir a sus enemigos, pues de esta forma le restaba legitimidad y se manchaba su imagen. Si bien en las guerras de baja intensidad de las décadas de los noventa también se usó al ejército, se apostó a la creación de grupos paramilitares que a través de un golpeteo sistemático podrían destruir la base social que respaldaba los proyectos insurgentes del EZLN, el EPR y el ERPI, entre otros. De esta manera, desde fines de los noventa la tendencia apuntó a que los paramilitares tendrían más responsabilidad que los militares en las graves violaciones a los derechos humanos, con la diferencia de que a nivel de la justicia sería más difícil señalar tales delitos como crímenes de Estado, dejando a las víctimas en la indefensión total. En la actual guerra, ese modelo es el que ha prevalecido. Con 50 mil muertos, cinco mil desaparecidos y doscientos cincuenta mil desplazados estimados, el sistema judicial pretende hacer creer a la población que la delincuencia organizada es la única culpable, cuando en los hechos, fue el Estado el que por acción, omisión o aquiescencia permitió: 1) que los cárteles de la droga crearan ejércitos de paramilitares poderosamente armados; 2) que tales ejércitos salieran a las calles a pelear entre sí y a aterrorizar a la población y 3) que sus crímenes quedaran en la impunidad total.
Si algún día los crímenes de la actual narcoguerra son debidamente investigados y sancionados, no se podrá poner en duda que la estrategia de guerra implementada por el gobierno condujo al genocidio. Deberán señalarse como máximos responsables a la presidencia de la república y a todos los mandos de la SEDENA, la SEGOB y la SSP, así como de otras dependencias que colaboraron en la guerra. Y deberá reformarse la ley para que otros actores cómplices, como los medios de comunicación, no se puedan lavar las manos por haber encubierto ante la opinión pública la criminalidad del Estado.