martes, 25 de julio de 2017

Conversación sobre la FEMOSPP y la memoria histórica, primera parte



       Los académicos tenemos pocas oportunidades para debatir temas fundamentales fuera del estrecho marco que ofrecen los congresos, coloquios y seminarios nacionales e internacionales. Hace algún tiempo, la profesora Aurelia Gómez Unamuno y yo iniciamos una conversación sobre las inquietudes que compartirmos en torno a la guerra sucia mexicana. Estas son algunas de las notas derivadas de nuestros intercambios epistolares. Las hago públicas por considerar que abordamos temas que ya no se discuten en la esfera pública pero sobre los que hay que insistir si aspiramos a sanear la memoria histórica de la sociedad mexicana.
       AGU: Una de las críticas al trabajo desarrollado por la FEMOSPP ha sido el hecho de no haber una periodización más fina y distinciones entre la violencia de estado (ejecuciones, torturas, desapariciones) entre la década de los sesenta a ochenta, llamada guerra sucia y la posterior violencia contra la oposición política, específicamente contra los partidos de izquierda. ¿Cuál es tu apreciación sobre esto y los debates en la historiografía mexicana sobre la periodización de la llamada guerra sucia?
ACC: Voy a contestarte con una divagación necesaria para llegar al núcleo del problema. Respecto al trabajo de la FEMOSPP, lo primero que hay que considerar es que hubo dos equipos encargados de la investigación histórica, el primero dirigido por Ángeles Magdaleno y el segundo por José Sotelo Marbán, quien fue el responsable de elaborar el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana "Que no vuelva a suceder!". Ambos equipos fueron integrados al azar, sin ningún reclutamiento riguroso de por medio, así que no contaban con ningún historiador experto en temas de Guerra fría, movimientos armados, derechos humanos o violencia política. (Cabe notar que algunos colaboradores de la FEMOSPP se hicieron especialistas después de trabajar en el informe). El hecho de que Magdaleno no tuviera siquiera la licenciatura terminada es indicativo de la negligencia de las autoridades, aunque el informe afortunadamente fue redactado por el equipo de Sotelo. Magdaleno terminó tomando partido por los represores y acusando al fiscal Ignacio Carrillo Prieto de distorsionar la verdad y fabricar culpables, no sé si lo hizo por dinero o por convicción, pero su falta de preparación y su odio explícito hacia los guerrilleros la convertían en la persona menos calificada para el puesto que tuvo. Sotelo heredó de Magdaleno algo de documentación dispersa, pero no recibió nada por escrito: un reporte, un borrador, un artículo que reflejara el trabajo de su predecesora, nada! La estructura del informe y sus contenidos fueron pues diseñados por el equipo de sociólogos, abogados, exguerrilleros y activistas de derechos humanos convocados por Sotelo. La incorporación de exguerrilleros y activistas era importante para el fiscal Ignacio Carrillo Prieto para darle un barniz de legitimidad al trabajo de la FEMOSPP. Los exguerrilleros, sin duda, eran quienes tenían un conocimiento más profundo sobre el periodo, pero eso no garantizaba que tuvieran el perfil para elaborar un informe de esta naturaleza. El informe requería de expertos imparciales, ajenos a los hechos investigados. En mi opinión, era inevitable que los exguerrilleros jugaran el papel de juez y parte, a pesar de sus buenas intenciones. Previsiblemente, la derecha acusó a la FEMOSPP de ser parcial y tendenciosa por la presencia de los exguerrilleros, pese a que la FEMOSPP como institución realmente nunca tomó partido por las víctimas. Si uno fuera conspiracionista, pensaría que todo esto fue un plan deliberado de la PGR para debilitar la imagen pública de la fiscalía. En resumidas cuentas, encargar un informe histórico a profesionistas no especializados en la materia puede parecer una muestra típica del funcionamiento (o la disfuncionalidad) de las instituciones mexicanas, sin embargo, dada la gravedad de los hechos a investigar, también era un signo inequívoco de la falta de compromiso del Estado con la búsqueda rigurosa de la verdad. Al sostener esto no quiero demeritar el trabajo de los investigadores, que hicieron un gran esfuerzo a pesar de las condiciones adversas que afrontaron, pero el hecho es que el informe presenta múltiples carencias y posee un carácter mixto, ya que oscila entre buscar la verdad histórica y la verdad jurídica. Además, el informe fue saboteado internamente de múltiples maneras, desde la elección arbitraria de los colaboradores, su despido injustificado y la negativa de la PGR a pagar sus sueldos, hasta la censura y tergiversación del documento final. De hecho, cuando me preguntas por el trabajo de la FEMOSPP no sé si te refieres al borrador filtrado a la prensa o al informe que colocó la PGR en su página. El borrador del informe es más conocido porque, a diferencia del informe oficial, se ha mantenido en línea en la página del National Security Archive, sin embargo, su mala factura y el sabotaje del que fue objeto hizo que la severidad de las atrocidades que denunciaba pasara a segundo plano. Fuera del escándalo mediático que duró un par de semanas, el informe pasó desapercibido a su destinatario, que era la sociedad mexicana. En cualquier caso, el informe fue producto de decisiones y desaciertos burocráticos, no el resultado de una comunidad de la memoria que demandara una investigación histórica realizada bajo los estándares más altos de las ciencias sociales. Por tanto, tengo cierta reticencia a juzgar con criterios historiográficos una obra que no puede catalogarse como histórica en estricto sentido.
Otro factor a tomar en cuenta es que cuando el informe estaba en proceso de elaboración, la historiografía sobre la guerra sucia era mínima. No había un acuerdo en torno a la denominación del periodo, algunos exguerrilleros y periodistas defendían el concepto de guerra sucia partiendo de que había habido un conflicto armado interno donde se habían violado las convenciones de Ginebra (entre los que recuerdo estaban Ricardo Rodríguez, José Luis Moreno Borbolla y la revista Proceso). Otros, en cambio, bajo la influencia del caso argentino, rechazaron la idea de que hubiera habido un conflicto entre dos partes beligerantes, se opusieron al concepto de “guerra sucia” por ser el que utilizó el Proceso de Reorganización Nacional y optaron por enfatizar únicamente la violencia de Estado, llamando al periodo “terrorismo de Estado”. De esta manera, parecían obviar  la violencia de los grupos armados. Entre quienes han defendido este concepto se encuentran Alberto López Limón, Claudia Rangel, Evangelina Sánchez y organizaciones de derechos humanos como AFADEM, la fundación Diego Lucero, el Comité Eureka e HIJOS México. Ambos enfoques están basados en distintas interpretaciones del derecho. La primera apela al derecho internacional humanitario y la segunda a los derechos humanos. “Terrorismo de Estado” es una categoría difusa porque las formas extremas de violencia de Estado contra la sociedad civil han sido un fenómeno transversal al siglo XX y lo que va del XXI. Además, el concepto de terrorismo empezó a tener un significado polivalente a partir del 11 de septiembre del 2001 y por tanto muchos académicos prefieren hablar de violencia de Estado o terror estatal. El concepto propuesto por Fritz Glockner de guerra de baja intensidad no ha sido aceptado porque se asocia principalmente con las “proxy wars” de Centroamérica durante la década de los 1980. Idealmente, deberíamos buscar una denominación que escapara al marco jurídico, pues ningún otro conflicto del siglo XX mexicano ha sido nombrado con base en el derecho. Sin embargo, el concepto de guerra sucia se ha consolidado hasta convertirse en una denominación estándar. Me parece que no hay inconveniente si al usarlo resaltamos que, al margen del origen del término y sus implicaciones políticas, hubo una guerra asimétrica y lesiva de los derechos humanos de la población tanto combatiente como civil, distinta a conflictos previos por su carácter profundamente ideológico, la sofisticación que alcanzó la tecnología del terror y la influencia del contexto internacional. Por otra parte, aceptar que hubo un conflicto armado conlleva una periodización más definida. El movimiento armado socialista (MAS) le declaró la guerra al Estado mexicano por primera vez en Chihuahua en 1964, cuando el Grupo Popular Guerrillero comenzó una guerra de guerrillas contra los caciques y las fuerzas de seguridad. Yo nunca incluyo a Rubén Jaramillo como parte del MAS porque tanto su ideología como sus estrategias de lucha eran ajenas a la oleada guerrillera de los sesenta. Entre 1964 y 1978 aparecieron decenas de organizaciones y comandos guerrilleros y los últimos fueron erradicados en el sexenio de José López Portillo, que concluyó en 1982, si bien hubo unos cuantos desaparecidos más hasta 1985, a cargo del Grupo Jaguar. Los grupos armados sobrevivientes (PROCUP, FLN y algunos excomandos de la Liga Comunista 23 de Septiembre) se replegaron y llevaron a cabo acciones armadas esporádicas en la total clandestinidad, de las cuales prácticamente no tenemos conocimiento. No coincido con los autores que dan por terminada la guerra sucia hacia 1978-79 con las leyes de la reforma política y de la amnistía. Me cuesta trabajo pensar en una periodización sobre la guerra sucia que no abarque los sexenios de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo completos. Si incluyésemos la guerra contra las drogas como una extensión de la guerra sucia, podríamos acordar que 1985 sería el mejor año para dar por concluido el conflicto. A partir del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y la disolución de la DFS, ambos en 1985, la escena política en México se transformó notablemente.
            Por otra parte, la violencia contra la oposición no armada ha sido también una constante de las elites gobernantes, desde la elite porfirista hasta la elite postrevolucionaria, por eso sería difícil periodizar la violencia contra las organizaciones de la sociedad civil. Durante los ochenta la violencia de Estado tuvo más fluctuaciones, alternando periodos de relativa calma con otros de violencia sistemática, especialmente a raíz del surgimiento del Frente Democrático Nacional en 1988 y del PRD en 1989, lo cual desató una cacería de militantes cardenistas.  La oleada guerrillera de los 1990, protagonizada por el EZLN y el EPR y sus posteriores desprendimientos, desencadenó una guerra de baja intensidad, cuyos efectos son visibles hasta el presente. Una de las falencias de la FEMOSPP y de su equipo histórico es que, al no tener un mandato claro (el nombre de la fiscalía implicaba todos los movimientos sociales del pasado) y al mezclar la dimensión jurídica con la histórica, no se planteó periodizar estos fenómenos.
     AGU: Una de las cuestiones que me parece hemos comentado es la poca visibilidad de la represión del estado y el movimiento armado socialista frente a la memoria del 68. Asimismo revisando el informe de la FEMOSPP y algunos señalamientos de ex combatientes, como lo plantea Gamiño, destaca el mayor peso que tuvo en primera instancia las masacres de Tlatelolco y San Cosme versus los movimientos armados. Esto me parece que fue antes de que se invitaran a algunos excombatientes a participar en la FEMOSPP. Aunque hay una parte del reporte dedicada específicamente al estado de Guerrero, otras masacres y operativos del ejército quedaron soslayados. ¿Cuáles no se abordaron?
ACC: Tengo entendido que el fiscal Ignacio Carrillo en la primera persona que pensó para coordinar el área de investigación histórica fue Sergio Aguayo, pero este rechazó el ofrecimiento y propuso a Ángeles Magdaleno, que había sido su ayudante de investigación para su libro sobre el movimiento estudiantil de 1968. Magdaleno tenía nociones mínimas sobre el ’68 e ignoraba por completo lo que había sido la guerra sucia. Creo que esta es una de las razones por las que al principio se le dio más peso a la investigación tanto histórica como jurídica de las masacres del ’68 y el ’71, pero también había otras razones de contexto. Gracias al activismo del Comité ’68 pro Libertades Democráticas y al papel de los medios de comunicación, la masacre de Tlatelolco fue construida en el imaginario colectivo como el acontecimiento más importante de la guerra fría mexicana. El ’68 se convirtió para el Estado en una especie de marca para delimitar los contornos de la memoria permitida, un hito que podía incorporarse incluso a la historia oficial promovida en los libros de texto. La memoria sobre el ’68 “chilango” fue utilizada para oscurecer o minimizar los otros Tlatelolcos que hubo en el resto de la república. Desafortunadamente, la mayoría de la intelectualidad mexicana con peso en la esfera pública se asienta en la Ciudad de México y ha contribuido a fomentar un enfoque “chilangocéntrico” de la historia, la cultura, las artes, etc. Este sector también contribuyó poderosamente a hacer del ’68 el gran parteaguas de la historia mexicana reciente. No obstante, el verdadero parteaguas fue la lucha armada: fue ésta la que transformó al sistema político, la que obligó al Estado a admitir que la izquierda participara en los procesos electorales y a decretar una amnistía a los presos políticos. El movimiento estudiantil del ’68 no logró nada parecido y no es acertado que se le considere como el gran catalizador de la democratización del país, a menos que se tome en serio la apertura echeverrista, como hacen algunos académicos. La lucha por la democracia y los derechos políticos no fue inaugurada por el movimiento estudiantil sesentayochero, éste fue uno más de los movimientos de masas obreros, campesinos, estudiantiles y populares que emergieron desde la década de 1950, dando lugar a ciclos de protesta recurrentes. La manera despiadada con la que el Estado acabó con la protesta estudiantil el 2 de octubre no tuvo que ver con la peligrosidad del movimiento sino con las Olimpiadas, sin ese factor, el gobierno probablemente hubiera seguido el mismo patrón represivo que aplicó contra los ferrocarrileros en 1959, persiguiendo y encarcelando a miles de activistas y matando a unos cuantos, no cometiendo una carnicería publica y masiva. No hago un llamado a negar la importancia del movimiento estudiantil de masas del ’68, pero nos ha hecho falta ponerlo en perspectiva y entender su justa dimensión en el contexto nacional.
Sin escatimar los logros de las luchas sociales, me parece que la lucha armada fue la que tuvo un impacto más profundo en la transformación del Estado y del régimen político. Al informe histórico le hubiera venido bien descentralizar la importancia de las masacres en la Ciudad de México y visibilizar la violencia estatal en el resto del país, especialmente en el campo. Desafortunadamente, el informe contribuyó a impulsar la narrativa de que los tres eventos más importantes del periodo fueron Tlatelolco, Corpus Christi y la guerra sucia en Guerrero. Recuerdo que la parte de la historia de las organizaciones armadas me pareció la mejor lograda del informe, aunque está un poco desconectada de los otros capítulos que presentan información desorganizada y repetitiva sobre las violaciones a los derechos humanos en Guerrero. Al estudiar la guerra sucia en estados como Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Sinaloa y Sonora y la violencia política en estados con una alta densidad de población indígena, como Michoacán, Puebla, Oaxaca y Chiapas, he caído en la cuenta de que si bien es cierto que Guerrero tuvo el mayor número de víctimas fatales, los efectos de la contrainsurgencia no fueron menos brutales en los estados mencionados. Los estados del norte y el noroeste prácticamente se quedaron sin izquierda porque la izquierda armada fue exterminada y la izquierda democrática perseguida, arrinconada y cooptada. En el caso de las comunidades indígenas, las masacres, los asesinatos u otros episodios de violencia extrema han sido escasamente documentados y han sido atribuidos a “pugnas interétnicas”. Ahí el factor del racismo institucional ha operado fuertemente, cuando pareciera que debería ser lo contrario: que los indígenas recibieran más atención por ser una población más vulnerable y susceptible a ser violentada y discriminada. En algunas regiones la iglesia católica fue la única que llevó un registro de las atrocidades. Esperemos que si algún día hay una comisión de la verdad en México ésta de más visibilidad a los acontecimientos de esos estados y evite dar la impresión de que la violencia contrainsurgente sólo debe tomarse en cuenta cuando implica una alta tasa de homicidios. El enfoque cuantitativo le ha hecho daño al estudio de estos temas, deformando nuestra comprensión sobre la violencia estatal.
Por otra parte, es interesante observar que a comienzos de la década del 2000 la guerra contra las drogas de los años 1970 era un tema prácticamente desconocido, por lo que las violaciones masivas a los derechos humanos de las comunidades campesinas acusadas de cultivar drogas en diferentes estados de la república nunca fueron investigadas. Indudablemente, estos hechos fueron parte de la llamada guerra sucia, pues a esta población civil se le dio el mismo trato que a los llamados “subversivos”. Contra guerrilleros y campesinos cultivadores de drogas se emplearon los mismos métodos: la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, los juicios irregulares y los vuelos de la muerte. La narcoguerra actual es hija de la guerra sucia.
      AGU: Asimismo tengo la impresión que el informe de la FEMOSPP si bien provee información importante, el análisis quedó un poco corto en el sentido de que aunque hay reportes detallados con referencias al archivo revisado y testimonios, parecería un listado de las atrocidades y ciertos retazos de reportes, informes y declaraciones de algunas autoridades pero no una elaboración amplia que vuelva comprensible las implicaciones de la información encontrada. ¿Es esta una apreciación errónea? ¿Es esto perdile mucho a la función de una CV o en este caso la FEMOSPP? ¿O ese análisis posterior le corresponde a los académicos? ¿Es parte del tipo de historiografía en México, detallada, pero regionalista y desconectada de un todo?
ACC: Considero que tu apreciación es correcta. La ausencia de una perspectiva histórica bien definida en el informe se hizo notable en la falta de una periodización adecuada, la vaguedad del contexto histórico y la incoherencia de los capítulos, que hizo que el informe se asemejara más a un catálogo de crímenes de Estado que al reporte de una comisión de esclarecimiento histórico. Además de los problemas que ya he mencionado en relación con los redactores del informe y el autosabotaje interno,  el problema central de la FEMOSPP fue la ambigüedad con la que operó. Su mandato era estrictamente jurídico, pero para satisfacer a los partidarios de una comisión de la verdad, al fiscal Carrillo Prieto se le ocurrió que se tenía que elaborar un informe histórico, para el que propuso el desafortunado título de “libro blanco”. Fue un desatino porque con la creación de un equipo improvisado que terminó elaborando un informe mal hecho se restó fuerza a la demanda de crear una comisión de la verdad específicamente orientada a investigar la guerra sucia y el destino de los desaparecidos. Si te fijas es una demanda que ha quedado soterrada. Con todos sus problemas internos de negligencia y corrupción, sumados al hecho de que para el presidente Vicente Fox la FEMOSPP no era sino un peón más del ajedrez político que jugaba con el PRI,  esta oficina no fue capaz de encontrar ni la verdad jurídica ni la verdad histórica. El informe de algún modo refleja todas las limitaciones del contexto en el que fue creado, e insisto, no se puede responsabilizar de esto solamente a los investigadores, quienes me consta que actuaron de buena fue (varios eran desempleados y aceptaron el trabajo a pesar de que la paga no era estable). Fueron los burócratas los que sabotearon el proceso de la búsqueda de verdad y justicia, por dentro y por fuera.  El caso del equipo histórico de la FEMOSPP revela que en realidad, sin transición democrática, no es posible ajustar cuentas con el pasado. Sin voluntad política verdadera, un equipo de esclarecimiento histórico o una comisión de la verdad no puede ser sino un instrumento de simulación del Estado para limpiar su imagen. La única transición democrática que puedo imaginar es una donde el PRI no sea la principal fuerza política del país y se pueda integrar libremente una comisión de la verdad que siga no sólo los estándares más altos del derecho internacional de los derechos humanos sino también los del rigor académico. Si algo nos enseñó el fracaso de la FEMOSPP es que una  comisión de la verdad en México debería crear dos equipos: uno dedicado a investigar la historia de periodos de gran violencia estatal, integrado por historiadores, y otro que tuviera un enfoque cuantitativo, dedicado a contabilizar a las víctimas y el tipo de violaciones a los derechos humanos, que podría ser un equipo multidisciplinario de sociólogos, abogados, etc. Mezclar ambos tipos de investigación sería un desacierto, pues el hecho de que no haya cifras espectaculares provoca la falsa imagen de que la guerra sucia mexicana fue menos importante que cualquier conflicto armado de la época en América Latina.
AGU: En la dinámica entre los discursos oficiales sobre la memoria o estatización de la memoria (partidos políticos, comisiones especiales, CNDH, reportes, FEMOSPP, memorial de Tlatelolco -estela y el CCT-, memorial de desaparecidos) y las prácticas y marcas de memoria como los recorridos, homenajes, escraches, performance y textos testimoniales, parecerían ir en la más de las ocasiones en sentidos contrarios, aunque por momentos también hay un traslape entre iniciativas sociales e iniciativas del Estado. ¿Tienes un comentario sobre esto?
ACC: Rebecca Atencio, en su obra Memory’s Turn: Reckoning with Dictatorship in Brazil intentó teorizar los ciclos de producción de memoria para explicar las interacciones entre la producción cultural y las iniciativas estatales. A veces la producción cultural alusiva a los periodos de violencia estatal tiene tal impacto en la esfera pública que propicia alguna iniciativa gubernamental, ya sea en el ámbito jurídico o en el cultural. Recuerdo que algo así pasó con el debate suscitado por el filme Rojo Amanecer de Jorge Fons. Cuándo nos íbamos a imaginar que la propia Televisa iba a recibir autorización para proyectarla en sus canales abiertos cada 2 de octubre? Con la guerra sucia desgraciadamente no ha habido un producto cultural que haya tenido un amplio efecto social. Recuerdo que cuando se estrenó la obra de teatro del grupo Lagartijas Tiradas al Sol, El rumor del incendio, en 2013 se volvió a hablar de la guerra sucia en los medios, pero la conversación no trascendió el ámbito de la elite culta de la Ciudad de México. Cuando yo empecé a investigar la guerra sucia en 2003 aún era un tema tabú, agradezco que ahora sea un tema que se puede estudiar con más libertad, excepto por la censura y las limitaciones de acceso a los documentos, sin embargo, de ningún modo se ganó la batalla cultural. Si bien es cierto que las nuevas generaciones ya no ven a los guerrilleros de los setenta como delincuentes y terroristas, actualmente hay una aceptación y normalización de las prácticas de tortura y desaparición forzada de personas que ha sido resultado, entre otras cosas, de la ausencia de un sector de la sociedad civil que se dedicara a promover fuertemente la memoria de las víctimas y a condenar las prácticas de terror de la guerra sucia. En México medio mundo sabe quién es Rosario Ibarra pero casi nadie sabe quiénes fueron los desaparecidos, a qué se dedicaban, por qué los desaparecieron, o por qué se introdujeron prácticas como la tortura moderna y la desaparición forzada. A diferencia de Argentina, Chile y otros países latinoamericanos, en México los comités de familiares de desaparecidos no pudieron cumplir con esa función educativa, pues en muchos casos sus miembros fueron directa o indirectamente cooptados por el Estado, al integrarse a los partidos políticos, saltar de los comités a puestos gubernamentales o recibir dinero de servidores públicos de manera informal.  No sólo los comités fallaron, lo poco que se ha hecho en el terreno cultural para recuperar la memoria de la guerra sucia (películas, novelas, obras de teatro, exposiciones, etc.) ha sido muy marginal o ha tenido escasa trascendencia. Sin ninguna investigación de por medio, la intelectualidad de derecha e izquierda decretó que no era un tema importante. En los medios de comunicación nunca existió tal episodio. De todos los conflictos del siglo XX mexicano, la guerra sucia fue la principal víctima del silencio informativo. Es como si nunca hubiera existido y, sin embargo, es el evento clave para entender por qué actualmente México está sumergido en una violencia sociopolítica devastadora.
Creo que por las mismas razones los esfuerzos por estatizar la memoria han fracasado. De qué sirve que el Estado quiera apropiarse de una memoria histórica de la que la sociedad mexicana no es muy conciente? Las pocas iniciativas estatales han obedecido a la presión de los grupos de derechos humanos pero no han promovido el debate público, por eso son simples medidas cosméticas para que el gobierno sostenga que ya cumplió con su tarea en ese rubro. A mí no me extraña la pésima relación que tienen los mexicanos con la memoria de hechos traumáticos. Somos un país que fue capaz de olvidar a los dos millones de muertos de la revolución mexicana. Memorializamos y sacralizamos a los caudillos, pero nos olvidamos de las víctimas anónimas, ese ha sido nuestro patrón. Con la guerra sucia pasó lo mismo, recordamos a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, a Arturo Gámiz, pero olvidamos a las miles de víctimas. Con ese umbral extremo de olvido, creo que tenemos la capacidad de olvidar lo que sea.

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